El periodo proselitista, en el que más de 51 mil candidatos a cargos locales buscarán el voto de la ciudadanía, comenzó el 12 de noviembre y se extenderá hasta el 26 de este mes.
A pocas horas del inicio oficial de la campaña dos aspirantes a puestos municipales fueron asesinados durante un ataque armado en Huaquillas, provincia de El Oro, en el sur del país.
Las víctimas fueron Ronald Farfán, candidato a la Alcaldía y exalcalde de esa localidad, y Cristhian Rugel, aspirante a concejal, además de una comerciante que estaba en la zona cuando cuatro hombres armados llegaron en motocicletas y les dispararon.
Paralelamente, el presidente Daniel Noboa participó en actos de campaña para apoyar a los candidatos de su movimiento Acción Democrática Nacional (ADN).
La Asamblea Nacional (Palamento) autorizó el pedido de licencia del gobernante para dedicarse a la contienda electoral, mientras la vicepresidenta, María José Pinto, está al frente del Ejecutivo.
Previamente, Noboa renovó por 30 días más un estado de excepción por grave conmoción interna en ocho provincias: El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha, donde se encuentra Quito.
El decreto mantiene la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, así como la posibilidad de requisiciones temporales y la intervención de las Fuerzas Armadas junto a la Policía.
El documento señala que las medidas extraordinarias no podrán interferir en la campaña ni restringir los derechos políticos de candidatos, organizaciones y ciudadanos.
Las elecciones constituyen una prioridad para Noboa, quien expresó optimismo y aseguró que “con ADN vamos a tener muy buen resultado”, mientras analistas consideran que los comicios podrían convertirse en una especie de plebiscito sobre su gestión.
El proceso transcurre en un escenario de cuestionamientos, donde la Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición, quedó inhabilitada y a eso se sumó la prisión preventiva de la excandidata presidencial Luisa González, investigada por presunto lavado de activos.
Organizaciones de derechos humanos e instancias internacionales han expresado preocupación por las restricciones a la participación política y llamaron a garantizar una contienda plural, mientras el Gobierno rechaza las acusaciones de persecución y acusó a autoridades locales de estar ligadas con estructuras criminales.
Desde la RC, su presidenta, Gabriela Rivadeneira, denunció la persecución política, la proscripción de su movimiento y las maniobras que, a su juicio, afectan el proceso electoral, por lo que llamó a sus seguidores a votar contra ADN.
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