Lo que está en discusión es la confirmación de una medida cautelar del magistrado Flávio Dino, que introdujo ajustes provisionales al calendario y las condiciones de implementación de la reforma constitucional aprobada por el Congreso que pone fin a la llamada escala 6×1 (seis días de trabajo por solo uno de descanso a la semana).

El proceso responde a dos acciones directas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte por la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo y la Confederación Nacional de la Industria.

Ambas entidades cuestionan disposiciones de la Enmienda Constitucional 141/2026 y reclaman más tiempo para adaptar las actividades empresariales a los nuevos parámetros laborales.

Tras una audiencia de conciliación con representantes de trabajadores y empleadores, Dino concedió parcialmente las medidas cautelares y sometió su decisión al examen del pleno.

El ministro consideró necesario aclarar aspectos de la aplicación de la reforma para evitar inseguridad jurídica, sin suspender los cambios aprobados por el Congreso.

De tal modo, el pedido de Fux interrumpió la votación virtual que se realizaba sobre ese tema y trasladó el análisis al plenario presencial.

Antes de la suspensión, Dino y los ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia y Gilmar Mendes habían votado a favor de confirmar la decisión, pero esos votos deberán ser emitidos nuevamente en el proceso presencial, cuya fecha dependerá del presidente del STF, Edson Fachin.

La medida cautelar mantiene el inicio de la transición para el 16 de diciembre de 2026, cuando la jornada máxima semanal pasará de 44 a 42 horas laborables, con dos días de descanso remunerado y sin reducción salarial. En diciembre de 2027, el límite bajará a 40 horas.

Entre los ajustes figura la posibilidad de distribuir las 42 horas en cinco jornadas de hasta ocho horas y 24 minutos, sin considerar extraordinarios los minutos adicionales, cuando no exista un acuerdo colectivo que regule la cuestión.

Paralelamente, la Abogacía General de la Unión (AGU) presentó este sábado ante el STF un memorial preliminar en el que pidió al pleno no ratificar la medida cautelar y mantener íntegramente las reglas de transición establecidas por el Congreso en la Enmienda Constitucional 141/2026.

Firmado por el abogado general de la Unión, Jorge Messias, el documento sostiene que los plazos y mecanismos de adaptación fueron definidos por el Poder Legislativo en ejercicio de sus atribuciones constitucionales.

Según la AGU, las discrepancias sobre el calendario y los efectos económicos de la reforma no justifican que el Poder Judicial sustituya las disposiciones aprobadas por los parlamentarios.

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