El secretario de Desarrollo Industrial, Innovación, Comercio y Servicios, Uallace Moreira, se refirió al tema en una publicación en la red social X, en la cual expuso los argumentos del Ejecutivo para respaldar el proyecto de ley complementaria (PLP) 299/2026.
Según el economista, el presupuesto de salud aumentará 18 mil millones de reales (unos tres mil 600 millones de dólares) en 2027, mientras que el crecimiento acumulado de los gastos en ese sector durante el actual mandato alcanzará los 100 mil millones de reales (20 mil millones de dólares).
Moreira añadió que las modificaciones tributarias contempladas en la propuesta podrían aportar entre cinco mil y seis mil millones de reales adicionales a la salud (entre 883 millones y mil 60 millones de dólares), mediante la limitación de compensaciones tributarias y la reducción de exenciones fiscales.
El funcionario sostuvo que el proyecto mantiene las reglas vigentes para calcular el mínimo constitucional destinado a ese sector y argumentó que los ingresos extraordinarios procedentes del petróleo no deben financiar gastos permanentes.
Con respecto a la educación, Moreira aseguró que la iniciativa no modifica las normas de financiación y anticipó un incremento de 11 mil millones de reales (dos mil 200 millones de dólares) en el presupuesto del Ministerio de ese sector para 2027.
Asimismo, afirmó que el proyecto preserva íntegramente la política de valorización real del salario mínimo y no contempla desvincular de ese indicador las jubilaciones ni el Beneficio de Prestación Continuada, destinado a personas mayores y con discapacidad en situación de vulnerabilidad.
El pronunciamiento también responde a las preocupaciones sobre el alcance del ajuste y sus consecuencias para las políticas públicas.
Moreira defendió que la iniciativa no supone la desvinculación de prestaciones sociales del salario mínimo y que mantiene los mecanismos de protección de los sectores más vulnerables.
Entre las medidas incluidas figura la regulación de los llamados supersalarios en el servicio público, para lo cual el proyecto establece un plazo de 120 días al Congreso Nacional para examinar las normas sobre remuneraciones que exceden el límite constitucional.
Otro componente contempla hasta 10 mil 500 millones de reales (dos mil 100 millones de dólares) para la subvención al diésel. En este caso, el texto permite excluir esos gastos del cálculo de la meta de resultado primario de 2026.
El Senado aprobó el texto principal del PLP 299/2026 el 12 de noviembre, por 45 votos contra 31, y quedaron pendientes cuatro puntos destacados para votación el próximo martes 17, tras lo cual la iniciativa deberá pasar a la Cámara de Diputados.
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