En un análisis que aborda la situación de seguridad del país entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre, la organización no gubernamental alertó que hubo asimismo 26 masacres (el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en estado de indefensión) con 87 víctimas, entre ellas cinco menores de edad.
En el referido periodo, según Indepaz, se conocieron 17 eventos de desplazamiento forzado, 13 de ellos masivos, que generaron afectaciones a seis mil 667 personas.
También en el transcurso de los primeros 100 días del presidente de Colombia ascendió a 43 el número de los uniformados muertos en el contexto del conflicto, en tanto 219 resultaron heridos.
Alertó el informe sobre la persistencia de distintas modalidades de violencia armada en el país, incluidos ataques con explosivos, hostigamientos y otras acciones que ponen en riesgo tanto a integrantes de la fuerza pública como a la población civil.
Uno de los aspectos más preocupantes es el uso creciente por grupos armados ilegales de drones adaptados para transportar y lanzar explosivos, remarcó.
Detalló además que esa modalidad transforma las dinámicas de confrontación en varios territorios, particularmente en el Cauca y el Catatumbo, donde se denuncian ataques en inmediaciones de viviendas, escuelas y otros espacios comunitarios.
Recordó Indepaz que desde su llegada al poder, De la Espriella ordenó ocho bombardeos contra grupos armados. Planteó, no obstante, que constituye un motivo de preocupación la posible presencia de niños y adolescentes reclutados por grupos armados en los campamentos atacados.
“Por esta razón, antes de ordenar un bombardeo, es indispensable evaluar cuidadosamente la información disponible sobre la presencia de menores reclutados, su situación concreta y los riesgos que enfrentarían”, instó.
Asimismo, la organización apuntó que hay denuncias de seis presuntas ejecuciones extrajudiciales y pidió a la Fiscalía General y a los organismos de control investigar de manera pronta y rigurosa cada uno de esos casos.
Indepaz concluyó que los primeros 100 días del gobierno de De la Espriella dejan “un panorama preocupante en materia de derechos humanos y conflicto armado”.
“La seguridad no puede medirse únicamente por el número de operaciones militares, capturas, bombardeos o bajas en combate. También debe evaluarse por la capacidad del Estado para proteger la vida, prevenir el desplazamiento, garantizar los derechos de las comunidades y evitar que los territorios sigan sometidos a la violencia de los grupos armados”, enfatizó.
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