Por Mario Muñoz Lozano
Corresponsal jefe en Italia
Según evaluaciones de organismos especializados, la iniciativa del Gobierno, constituye una de las principales pruebas económicas y políticas de la actual legislatura, en un escenario marcado por el elevado endeudamiento, el débil crecimiento y las restricciones fiscales europeas.
Uno de los análisis más relevantes procede de la Oficina Parlamentaria de Presupuesto (UPB), organismo independiente encargado de evaluar las cuentas públicas, que el pasado 12 de noviembre presentó ante las comisiones presupuestarias de la Cámara de Diputados y el Senado sus observaciones sobre el proyecto.
La institución consideró que la propuesta mantiene una orientación compatible con los compromisos de estabilidad financiera y las reglas de la Unión Europea, pero advirtió que predominan las medidas coyunturales y fragmentadas, con escaso alcance para enfrentar los desequilibrios estructurales del país.
RECURSOS FISCALES Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
El análisis advierte que el programa movilizará 77 mil 600 millones de euros durante el trienio 2027-2029, pero de ellos 16 mil millones corresponden a medidas potencialmente renovables que necesitarán nuevas coberturas financieras.
La UPB estima que los gastos temporales que no responden a necesidades excepcionales ascenderán a ocho mil 800 millones de euros en 2027, cuatro mil 700 millones en 2028 y dos mil 500 millones en 2029. Su eventual continuidad dependerá de que el Ejecutivo encuentre nuevos ingresos o reduzca otras partidas.
Esa preocupación coincide con las observaciones de la Corte de Cuentas que, durante las audiencias parlamentarias del 9 de noviembre, alertó que aproximadamente el 70 por ciento de los ingresos utilizados para financiar la maniobra tienen carácter temporal o representan anticipos de recaudación.
Según ese organismo, solo alrededor de 30 por ciento de las coberturas posee carácter estructural, situación que podría trasladar obligaciones financieras a los próximos gobiernos y legislaturas.
El análisis del Observatorio de Cuentas Públicas Italianas, de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, también cuestiona la estructura financiera de la propuesta.
Su evaluación cifra en 26 mil 300 millones de euros las medidas expansivas previstas para 2027, de los cuales cinco mil 600 millones se destinan a renovar actuaciones existentes, por lo que las nuevas iniciativas representan aproximadamente 20 mil 600 millones.
El estudio apunta, además, que las coberturas proceden principalmente de mayores impuestos y que casi la mitad de estas recaería sobre el sector financiero. Calcula que la presión fiscal aumentaría de 43 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 a 43,2 por ciento en 2027.
BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y DESIGUALDADES
Otro punto de controversia es la ampliación del segundo tramo del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que crecería de 50 mil a 55 mil euros anuales.
La UPB considera, por otro lado, que los beneficios del plan presupuestario para el próximo año se concentran en los contribuyentes de mayores ingresos.
Según sus estimaciones, la medida alcanzaría a unos 3,25 millones de personas, equivalentes a ocho por ciento de los contribuyentes, con un costo fiscal de mil 450 millones de euros.
El organismo calcula que el beneficio medio sería de 444 euros para los directivos, 52 euros para los empleados y apenas cuatro euros para los obreros.
Asimismo, señala que los hogares pertenecientes a 10 por ciento de mayores ingresos recibirían una ventaja media de 423 euros, mientras el 50 por ciento de menores recursos no obtendrían beneficios por esta disposición.
La evaluación concluye que la medida no resuelve los problemas estructurales del sistema tributario italiano y puede profundizar las diferencias de tratamiento entre distintas categorías de contribuyentes.
PENSIONES Y SANIDAD, ENTRE LOS SECTORES CUESTIONADOS
Otro foco de preocupación lo constituyen las disposiciones relativas a las pensiones, ya que la propuesta legislativa modifica el mecanismo de revalorización de las prestaciones más elevadas frente a la inflación, con consecuencias permanentes sobre su valor.
La UPB estima que la modificación afectaría aproximadamente a una cuarta parte de los pensionistas, aquellos cuyos ingresos superan cuatro veces la pensión mínima del Instituto Nacional de Previsión Social.
Para un beneficiario con una pensión mensual bruta de dos mil 753 euros, la pérdida sería de 144 euros anuales, mientras que para quienes reciben seis mil 730 euros mensuales alcanzaría mil 357 euros al año, según los cálculos del organismo.
En materia sanitaria, aunque el proyecto contempla elevar la financiación del Servicio Nacional de Salud de 142 mil 900 millones de euros en 2026 a 146 mil 300 millones en 2027, la oficina parlamentaria alerta que su peso relativo disminuirá respecto al PIB. La proporción pasaría de 6,1 por ciento en 2027 a 5,8 por ciento en 2029, mientras que el gasto sanitario corriente se mantendría en torno a 6,4 por ciento.
En tal sentido, cuestiona que una parte considerable de los nuevos recursos se destine a una tarjeta de 300 euros para la compra de bienes y prestaciones sanitarias por parte de pensionistas de bajos ingresos, en lugar de fortalecer directamente la oferta pública de servicios médicos.
La institución considera que esta orientación puede favorecer la demanda de servicios privados sin resolver lo suficiente las limitaciones de capacidad del sistema sanitario estatal.
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PRIORIDADES DEL GOBIERNO
En otro de los puntos de la valoración, la Oficina Parlamentaria de Presupuesto destaca las previsiones gubernamentales de crecimiento del PIB de 0,8 por ciento en 2027, pero calcula que el impulso adicional de las medidas presupuestarias representaría apenas tres décimas de punto porcentual acumuladas durante el trienio 2027-2029.
También llama la atención sobre la fase de debilidad económica que atraviesa el país, agravada por las tensiones geopolíticas, el encarecimiento de la energía y las incertidumbres sobre las inversiones después de concluir el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
Por su parte, el Observatorio de Cuentas Públicas Italianas considera difícil justificar el incremento del déficit previsto para 2027, que pasaría de 2,9 por ciento del PIB en 2026 a 3,4 por ciento, especialmente porque el crecimiento económico ya estaba contemplado en el escenario tendencial.
La utilización de la cláusula europea de salvaguardia para financiar gastos adicionales en defensa y seguridad energética permite al Ejecutivo disponer de mayor margen presupuestario, pero también condiciona la distribución de los recursos y deja interrogantes sobre la continuidad de esas inversiones después de 2028.
PRESIONES SINDICALES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO
En medio del debate presupuestario, resulta evidente que las críticas económicas coinciden con las objeciones expresadas por organizaciones sindicales y sectores de la oposición, los cuales consideran insuficientes las medidas destinadas a mejorar los salarios, las pensiones y los servicios públicos.
Durante la reunión celebrada el pasado 13 de noviembre entre representantes del Ejecutivo y de los principales sindicatos, en el Palacio Chigi, el Gobierno anunció que retiraría la disposición relativa a los recortes de personal en las escuelas y comunicó que estudiaba incrementar los fondos destinados a la sanidad.
La Confederación General Italiana del Trabajo mantuvo, sin embargo, su valoración negativa del proyecto y confirmó la convocatoria de una huelga general para el 20 de noviembre.
Su representante, Christian Ferrari, calificó el encuentro de políticamente inútil y cuestionó una política económica que, en su opinión, combina austeridad y rearme, sin ofrecer respuestas suficientes a las principales necesidades sociales.
Los dirigentes de la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL) y la Unión Italiana del Trabajo reconocieron como positiva la retirada de los recortes escolares, aunque insistieron en la necesidad de mayores recursos para la sanidad y una protección adecuada de los pensionistas.
Por su parte, la oposición italiana considera que el proyecto carece de una estrategia para impulsar el crecimiento económico y atender los principales problemas sociales del país.
El Partido Democrático sostiene que el plan constituye una operación de carácter electoral, con beneficios fiscales y ayudas temporales que no resuelven la pérdida de poder adquisitivo, el estancamiento de los salarios ni las dificultades de acceso a la sanidad, la educación y la vivienda.
Desde el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y Alianza Verdes e Izquierda (AVS) las criticas están dirigidas hacia la fragmentación de las ayudas y consideran insuficientes los recursos destinados a las familias y los servicios públicos.
El M5S califica el proyecto de conjunto de pequeñas medidas y bonificaciones de alcance limitado, mientras AVS no está de acuerdo con las prioridades del gasto y reclama destinar mayores recursos a la protección social. Las fuerzas opositoras también rechazan los fondos previstos para defensa, que cifran en unos 14 mil millones de euros, y reclaman reorientarlos hacia sanidad, escuelas, salarios, vivienda y transporte público.
Entretanto, el proyecto continúa su tramitación parlamentaria en la Cámara de Diputados, donde los grupos políticos todavía pueden presentar modificaciones antes de su posterior examen por el Senado.
El debate presupuestario refleja las dificultades del Ejecutivo de Meloni para conciliar los compromisos de estabilidad financiera con las demandas sociales y las prioridades estratégicas del país.
Las evaluaciones de los organismos especializados coinciden en señalar que el desafío no consiste solo en garantizar los recursos para el próximo ejercicio, sino también en establecer una estructura de financiación sostenible que permita estimular el crecimiento, fortalecer los servicios públicos y reducir las desigualdades sin trasladar nuevas cargas a los presupuestos futuros.
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