Por Ivette Fernández
Corresponsal jefa en Colombia
En sus primeros 100 días de mandato, si algo dejó claro el mandatario es su gusto por lo marcial y su preferencia por liderar personalmente operativos contra estructuras delincuenciales durante la madrugada, para luego decirle a los supuestos criminales “bienvenidos a la Patria Milagro”, slogan que da nombre a su proyecto de gobierno.
Aun cuando analistas alertaron que el mayor reto del jefe de Estado sería dirigir un país dividido, habida cuenta de que ganó las elecciones por menos de un punto porcentual con respecto a su contrincante Iván Cepeda, las primeras medidas revelan atrincheramiento ideológico y directrices enfocadas en satisfacer a sus seguidores.
Así quedó demostrado con su declarada guerra al wokismo, que define como una “corriente ideológica que apunta a transformar los fundamentos morales, culturales y sociales, pervirtiendo los valores, la tradición familiar y la identidad nacional”.
Tras su declaración fueron desmontados del Museo Nacional decenas de piezas alusivas a luchas feministas, colectivos Lgbtiq+, movimientos y dirigentes de izquierda.
Pese a afirmar que en su mandato se acabarían “las cuotas políticas”, muchos de los nombramientos en puestos clave son ocupados por colegas, amigos y parientes.
Por solo citar un ejemplo, la presidencia de Ecopetrol, la compañía petrolera más importante del país, fue asumida por Joaquín Gutiérrez, amigo personal y sin experiencia en el sector energético, mientras que la presidencia de la Junta Directiva quedó en manos de Carlos Suárez, descrito como socio y estratega del mandatario.
Tal y como se esperaba, porque así lo anticipó durante su ejercicio proselitista, el jefe de Estado aprovecha cada ocasión que tiene para intentar desacreditar a la administración de izquierda que le antecedió.
Un caso muy ilustrativo fue el despido del director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas Ricardo Valencia, tras afirmar públicamente que no encontró anomalías o manipulación en los indicadores económicos y del mercado laboral dejados por la administración de Gustavo Petro.
La llegada de De la Espriella también genera debate acerca del respeto al carácter laico del país, consagrado en su Constitución.
Las creencias del mandatario se extrapolan ya al Plan de Desarrollo Nacional que, en su página nueve, cita el libro de Deuteronomio, haciendo alusión a la imagen de un pueblo cuya sabiduría despierta admiración en otras naciones (en referencia a Israel) y planteando que Colombia debería buscar ser vista de esa misma manera.
A 100 días de su mandato, cumplidos el 15 de noviembre, son ya evidentes las prioridades del presidente, que no lograron ser alteradas ni siquiera por un sismo de 7,4 grados que dejó 335 muertos y más de 400 mil damnificados.
Los afectados por el movimiento telúrico, ocurrido a menos de 72 horas de su llegada al poder, se hallan hoy en la incertidumbre.
El Fondo Milagro, el mecanismo financiero creado por el Gobierno para la reconstrucción, aún no opera, en tanto es objeto de escrutinio la fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, debido a que se desconoce cómo se usaron los recursos donados a esa organización por la ciudadanía para auxiliar a los necesitados.
Una de las primeras denuncias en torno a la gestión del desastre, por parte de la oposición, es que se habría aplicado un sesgo ideológico para aceptar ayuda internacional, con deferencia para los ofrecimientos de Israel y Estados Unidos.
POLÍTICA EXTERIOR
El alineamiento con Israel constituye uno de los rasgos distintivos del actual gobierno.
Dentro de las primeras medidas estuvieron la reanudación de los nexos diplomáticos, rotos por la administración de Gustavo Petro, el establecimiento de la embajada neogranadina en Jerusalén y el reconocimiento de la supuesta soberanía israelí sobre los Altos del Golán -región del suroeste de Siria-, lo cual generó protestas por parte del mundo árabe.
También anunció la congelación de las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y defendió la soberanía del Reino de Marruecos sobre todo su territorio, incluyendo el Sahara Occidental.
En el ámbito regional, De la Espriella apoyó la candidatura de Flávio Bolsonaro en Brasil, pero tras su derrota pidió a Luiz Inácio Lula da Silva trabajar juntos.
Por primera vez en su historia desde 1992, Colombia votó en contra de la resolución presentada por Cuba en rechazo al bloqueo impuesto a la isla por Estados Unidos, una postura que suscitó el repudio de amplios sectores.
El país neogranadino se sumó al llamado Escudo de las Américas impulsado por la administración en Washington y muestra una adhesión incondicional al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Permite el ingreso de tropas de Estados Unidos sin requerir la autorización del Congreso, como está estipulado en las normas, y emplea armamento procedente de este país, en cuyo caso están los drones MQ-9A Reaper.
Uno de los temas que crea polémica es la firma de un acuerdo, suscrito duranta la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre tierras raras y minerales estratégicos.
Sectores de oposición y congresistas, como Kevin Gómez y Duvalier Sánchez, han denunciado que el memorando compromete la soberanía nacional, genera riesgos para fuentes hídricas y áreas agrícolas, y otorga ventajas a intereses extranjeros.
SEGURIDAD Y PAZ
A golpe de decretos y gracias a la recién aprobada Ley de Sometimiento, De la Espriella acabó con las mesas de negociaciones con grupos armados y desterró cualquier atisbo de la política de Paz Total impulsada por el anterior Gobierno.
La normativa vigente busca promover el sometimiento a la justicia con la reducción de penas de 50 por ciento para quienes integran las estructuras al margen de la ley y de 30 por ciento para sus cabecillas, lo cual es objeto de desaprobación por parte de sectores progresistas al alegar que tal medida genera connivencia con los criminales.
Ante la desidia, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno diseñar una estrategia para la implementación del Acuerdo de Paz y su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo.
Otra medida fue el recorte presupuestal a la Jurisdicción Especial para la Paz, el órgano de justicia transicional que investiga y juzga a exintegrantes de grupos armados y de las fuerzas del orden por crímenes cometidos durante el conflicto.
Colombia pidió ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la Misión de Verificación del Acuerdo excluya de su supervisión el punto referido a la reforma rural, lo cual fue aprobado en medio de denuncias de la realización de una contrarreforma agraria.
De la Espriella apuesta por el combate frontal contra los grupos armados.
En los primeros 100 días ordenó ocho bombardeos con un saldo de cerca de 50 muertos, de acuerdo con las cifras divulgadas por el propio mandatario, ocho de los cuales son menores de edad reclutados, según confirmó Medicina Legal.
Los ataques, ejecutados en Guaviare, Norte de Santander y Vichada, van dirigidos fundamentalmente contra el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional, del autodenominado Estado Mayor Central y estructuras al mando de alias “Calarcá”.
Pese a la ofensiva, no existe una percepción de mayor seguridad y aumentan los asedios contra la fuerza pública y los atentados contra peajes, fundamentalmente en el suroeste.
“En apenas tres meses de gobierno los uniformados asesinados aumentaron 58 por ciento y los heridos 72 por ciento”, denunció el representante Gabriel Becerra.
Debido al deterioro de la seguridad, las ciudades de Santa Marta y Cúcuta fueron militarizadas por orden del mandatario.
ECONOMÍA
Aun cuando es pronto para realizar un diagnóstico de cómo le va en materia económica a la nueva administración, es inocultable la intención de aplicar políticas neoliberales.
En medio de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, se especula acerca de la solicitud de un préstamo que rondaría los 15 mil millones de dólares. Preliminarmente se estima que la tasa de interés sería de un 3,7 por ciento efectivo anual con un plazo de reembolso de entre tres y cinco años.
Legisladores de oposición estiman que tal pretensión embona con lo que el Gobierno dio en llamar Ley de Ajuste Fiscal y que ya hace tránsito por el Congreso.
Según alertó el partido Pacto Histórico, la propuesta atenta contra las familias más pobres, los sectores populares y las clases trabajadoras, además de calificarla como la más regresiva vista en el país.
Además de exponer cuán gravoso sería el incremento del impuesto a la canasta familiar y a servicios básicos como la salud, resaltó que el presidente De la Espriella busca importar el modelo que fracasó en Argentina al ofrecer gabelas tributarias de largo tiempo a megaproyectos de inversión sin compromisos de generación de empleo.
Bajo ese modelo, señaló, la tasa de desocupación llegaría a 10,11 por ciento a los 32 meses de implementada, lo cual ocasionaría perjuicios para medio millón de personas.
arb/ifs





