Esa cantidad responde a los recursos que absorbe el sistema de justicia criminal brasileño contra los estupefacientes mediante el trabajo de las policías, el sistema penitenciario, las defensorías públicas, los ministerios públicos y los órganos judiciales.
La pesquisa, que utilizó como referencia los gastos registrados en 2024, reveló cómo se distribuye ese presupuesto entre las diferentes instituciones encargadas de combatir el narcotráfico y procesar a las personas involucradas.
El mayor componente del desembolso corresponde al sistema penitenciario, con 3,88 mil millones de reales (675 millones de dólares), equivalentes al 27 por ciento del total.
Después figuran las policías militares y la Policía Rodoviaria Federal, responsables del patrullaje y la vigilancia, con 3,24 mil millones de reales (563 millones de dólares), el 22 por ciento.
Las policías investigativas, civil y federal, utilizan 2,64 mil millones de reales (459 millones de dólares).
Por su parte, el sistema socioeducativo, encargado de las medidas aplicadas a adolescentes que cometen infracciones, emplea mil 460 millones de reales (254 millones de dólares).
La etapa judicial y procesal demanda 3,3 mil millones de reales (574 millones de dólares), con valores destinados a los tribunales estatales y federales , los ministerios públicos y las defensorías públicas.
Como promedio, las unidades federativas destinan el 7,9 por ciento de sus presupuestos del sistema de justicia criminal a la aplicación de la legislación antidrogas.
Paraná encabeza la relación, con 11,8 por ciento, y le siguen Espírito Santo (11,5) y Sao Paulo (11,1).
Según la investigadora Rachel Machado, del Cesec, no existen evidencias de que la actuación estatal basada en la guerra contra las drogas consiga reducir la circulación de esas sustancias.
Dicho estudio consideró que el gasto anual está subestimado, pues no incluye todos los desembolsos relacionados con operaciones e incursiones policiales.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, apuntó la Agencia Brasil, defiende una política integrada que combine el enfrentamiento al narcotráfico y al crimen organizado con inversiones en inteligencia, prevención, atención social y desarrollo territorial.
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