Convocada por estudiantes universitarios, la protesta tuvo lugar en la intersección de Vía España, en las inmediaciones de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en esta capital, donde los manifestantes rechazaron la posibilidad de reabrir el enclave, cuyo contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2023.
En declaraciones a Prensa Latina, Eduardo García, del Frente Estudiantil Revolucionario 29 de Noviembre (FER-29), recordó que hace tres años los panameños expresaron alto y claro en las calles su rechazo a la explotación minera y exigió que se respete esa voluntad popular.
El dirigente estudiantil señaló que el máximo tribunal determinó entonces que la subsidiaria de la transnacional canadiense First Quantum había vulnerado más de 25 artículos de la carta magna, fundamento para declarar inconstitucional el contrato suscrito con el Estado.
García llamó a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones y advirtió sobre los daños ambientales irreversibles que, a su juicio, ocasionaría la reanudación de las actividades extractivas.
«El oro de Panamá es verde», fue una de las consignas coreadas por los participantes, quienes también reclamaron el cese de la persecución contra dirigentes sindicales y populares, el combate a la corrupción y el respeto a los derechos de los jóvenes.
La reactivación de las protestas coincide con los esfuerzos de organizaciones sociales y sindicales por articular una agenda común frente a las principales preocupaciones nacionales.
Durante el II Encuentro de Organizaciones Populares, celebrado el pasado sábado en la Universidad de Panamá bajo el lema Democracia, Derechos Humanos y Justicia Social hacia una Agenda Unitaria, representantes de diversos colectivos acordaron fortalecer la coordinación y promover nuevas acciones reivindicativas.
En una declaración conjunta, expuesta por Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, anunciaron movilizaciones antes de concluir el año, entre ellas una marcha el 25 de noviembre en defensa de los derechos de las mujeres y acciones contra una ley relacionada con las pensiones.
El pronunciamiento también cuestionó el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el aumento de la pobreza y las dificultades de acceso a vivienda, agua potable y servicios de salud.
Asimismo, las organizaciones señalaron que el terremoto del pasado 9 de octubre evidenció las desigualdades sociales y las insuficiencias de la respuesta gubernamental ante las necesidades de las comunidades afectadas.
Entre sus principales reivindicaciones figura también el rechazo a los proyectos de nuevos embalses para el canal de Panamá en el río Indio y a cualquier iniciativa de minería metálica a cielo abierto.
Los participantes reafirmaron su compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y la justicia social.
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