Mediante un comunicado la entidad denunció el debilitamiento institucional de sus competencias legales y la conservación de la Diversidad Biológica, por la imposición de criterios incompatibles con la Constitución plasmados en el cuerpo legal.
Negó que el Congreso le consultara sobre el particular y calificó de acelerada la aprobación de la Ley, en la cual se propuso el título IV, en el que se reforman 11 leyes, entre ellas la de Áreas Protegidas.
Los cambios contenidos en los artículos 131, 132 y 133 de ese código, introducen disposiciones que inciden negativamente en la administración, planificación, evaluación, manejo y determinación de las competencias institucionales, describió.
El texto acotó que, con la compatibilidad de proyectos, obras y actividades dentro de áreas protegidas, se obliga a modificar objetivos de conservación para permitir el desarrollo de infraestructura o actividades comerciales, además de planes declarados de utilidad o interés público, como obras portuarias, ferroviarias, autopistas, aeropuertos y gasoductos.
Insistió que tal cuestión generará un efecto negativo e irreversible sobre la gestión del Patrimonio Natural y Cultural como base de la economía nacional.
El alcance de estas disposiciones trasciende de la esfera estrictamente de las radas lo que pone en peligro la totalidad del sistema, remarcó.
El decreto reforma leyes que se superponen a las competencias del Conap, y crea conflictos interinstitucionales y debilita el cumplimiento de compromisos asumidos por el país internacionalmente en materia ambiental y de derechos humanos, mencionó.
La aplicación de esta ley manda a elaborar el Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario que constituye un grave riesgo para las áreas protegidas, ya que podrían ser incluidas como territorios idóneos para el desarrollo de infraestructura, aseveró la fuente.
Guatemala oficializó la mencionada ley a inicios de septiembre pasado y entró en vigencia el 2 de octubre del presente año.
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