El director general de la PF, Andrei Rodrigues, presentará personalmente los documentos al presidente de la máxima corte, Edson Fachin, en una reunión prevista para las 19:30, hora local, según difundieron medios locales de prensa.
Los materiales contienen referencias a seis integrantes del STF y al menos dos del Superior Tribunal de Justicia, identificadas durante el análisis de los dispositivos electrónicos de Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master, y de su cuñado Fabiano Zettel.
Tales informes responden a una solicitud de Fachin, quien determinó que la PF reuniera todas las menciones a magistrados encontradas durante las investigaciones, acompañadas de sus respectivos contextos y sin valoraciones sobre posibles responsabilidades penales.
Esta entrega ocurre 12 días después de que fueran separados de sus puestos los delegados Daniel Mostardeiro Cola y Wedson Cajé Lopes, quienes inicialmente estaban a cargo de preparar la documentación.
Los investigadores habían elaborado informes que identificaban específicamente a los ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli y Kassio Nunes Marques.
Sin embargo, la dirección de la PF consideró que los documentos incluían análisis y cruces de información que excedían el carácter descriptivo solicitado por el Supremo.
El director de la corporación justificó el cambio por una ruptura de confianza y criterios administrativos, mientras la decisión generó cuestionamientos sobre la conducción de las pesquisas y posibles interferencias en el trabajo de los investigadores.
La nueva documentación deberá presentar individualmente las referencias a cada magistrado, sin establecer conclusiones sobre la existencia de irregularidades.
Después de recibir los informes, Fachin podrá remitirlos a la Procuraduría General de la República para que examine el contenido y determine si corresponde solicitar nuevas diligencias o promover pesquisas, y también podrá evaluar otras vías de tramitación ante el Supremo.
El episodio se inscribe en el caso del Banco Master, una institución financiera privada brasileña, controlada por Vorcaro, que captaba recursos mediante inversiones de alta rentabilidad y realizaba operaciones de crédito.
A finales de 2025 el Banco Central decretó su liquidación extrajudicial, alegando una grave crisis de liquidez e incumplimientos regulatorios.
Vorcaro permanece preso preventivamente en Brasilia, acusado de participar en operaciones fraudulentas que incluyeron la comercialización de carteras de crédito, presuntamente inexistentes al Banco de Brasilia.
La PF lo imputó por supuesta gestión fraudulenta, lavado de dinero y organización criminal, entre otros delitos.
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