El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien encabeza la comisión gubernamental encargada del tema, explicó que el encuentro el próximo lunes con representantes de la subsidiaria de la transnacional canadiense First Quantum no supone una decisión definitiva sobre la reactivación del enclave.
Según el funcionario, la intención es estudiar una operación limitada, sin prórroga, que permita garantizar el cierre ordenado y definitivo del proyecto. También descartó la entrega de una nueva concesión minera y precisó que la figura jurídica dependerá de los resultados de las conversaciones.
Moltó señaló que entre las condiciones figura el cierre de los procesos de arbitraje internacional interpuestos por la compañía contra el Estado panameño, cuyas reclamaciones superan los 27 mil millones de dólares.
Asimismo, aseguró que los recursos minerales seguirán siendo propiedad del país y que la soberanía nacional y la protección ambiental no están sujetas a negociación.
El titular recordó que la paralización de la mina en noviembre de 2023 ocasionó la pérdida de más de siete mil empleos directos y afectó a unas dos mil pequeñas y medianas empresas, además de repercutir en alrededor de 144 mil panameños.
Sin embargo, el anuncio del Ejecutivo, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, provocó el rechazo de ambientalistas y organizaciones sociales, que consideran que no existe sustento jurídico para reactivar la explotación.
El movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, integrado por unas 40 organizaciones, convocó el martes a una manifestación en las inmediaciones de la Iglesia del Carmen, en esta capital, donde más de 500 personas expresaron su oposición a las conversaciones con la compañía.
La ambientalista Raisa Banfield sostuvo que la Ley 407 de 2023, que establece una moratoria indefinida para el otorgamiento de nuevas concesiones de minería metálica, impide cualquier nuevo proceso de extracción y exploración.
La activista consideró que permitir la explotación, extracción y exportación de cobre entraría en contradicción con esa normativa, mientras defendió el derecho del país a decidir sobre el aprovechamiento de sus recursos naturales.
Por su parte, Lilian González, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), cuestionó que el Gobierno no haya explicado cuál sería el fundamento jurídico de las negociaciones ni cómo garantizaría el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional, en 2023, el contrato ley que amparaba la concesión. La especialista también expresó preocupación por los resultados de los estudios ambientales, particularmente por la presencia de hierro, molibdeno y cobre en cuerpos de agua dulce, así como por los riesgos asociados al drenaje ácido de mina y la estabilidad de la tina de relaves.
González advirtió que una eventual reactivación podría incrementar los impactos ambientales mediante la ampliación de los tajos y depósitos de residuos, la deforestación y las emisiones contaminantes.
Asimismo, cuestionó la falta de transparencia sobre los arbitrajes internacionales y los entendimientos entre el Gobierno y la empresa para mantener suspendidos esos procedimientos.
El CIAM advirtió que recurrirá a las instancias judiciales si el Ejecutivo adopta decisiones administrativas que considere contrarias a la legislación ambiental.
La mina Cobre Panamá permanece paralizada desde noviembre de 2023, tras las masivas protestas ciudadanas contra el contrato minero y la posterior sentencia de inconstitucionalidad emitida por el máximo tribunal de justicia.
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