La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló en conferencia de prensa que se busca, entre otros propósitos, el servicio a los estados y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) como un convenio modelo para elaborar documentación y materiales comiciales.
Explicó que Talleres produjo 317 millones de boletas electorales en 2024 y 602 millones en 2025 y el líquido indeleble, desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) desde 1994.
En contraste –apuntó-, en el ámbito local persiste una dependencia de proveedores privados: en 2024, 19 de los 32 OPLE, equivalentes al 59 por ciento, no imprimieron sus boletas en TGM y las adquirieron mediante licitaciones o adjudicaciones directas.
Los cambios estructurales implicarán una primera fase (de noviembre de 2026 a junio de 2027), en la cual se fortalecerá al organismo descentralizado –de la Secretaría de Gobernación (Segob)-, mediante la reestructuración de su Junta de Gobierno, para pasar de cinco a siete integrantes.
Estará compuesta por la Segob (que la preside), la Consejería Jurídica del Ejecutivo, las secretarías de Hacienda y de Anticorrupción, así como tres consejeros independientes.
Los cambios contemplan también la designación como nueva titular de TGM de Viridiana Gabriela Yáñez, doctora en Políticas Públicas y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos, quien desde diciembre de 2025 se desempeñaba como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos.
Además, se crea un padrón público de contratistas y proveedores con valoración de capacidad técnica, material, operativa, administrativa y financiera, y se implementará un registro público en datos abiertos de los acuerdos celebrados en orden de producción y su proceso de ejecución.
Igualmente, se deberá realizar una solicitud de auditoría anual voluntaria a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al tiempo que quedará prohibido contratar a empresas sancionadas, observadas por la ASF o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio.
A esto se suma que el titular de la Dirección General no deberá haber sido representante, socio o empleado de proveedores de material electoral en los cinco años previos, y se establecerán precios homologados autorizados por la Junta para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los OPLE.
En la segunda fase (julio de 2027 a 2030), las autoridades contemplan formular la Ley de la Imprenta Nacional con mandato exclusivo para documentación y material electoral, así como para documentación de seguridad.
También se prevé reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que la documentación y materiales electorales sean producidos por entes públicos bajo especificaciones y control de calidad del INE.
ocs/las





