Durante una audiencia conjunta de las comisiones de Constitución y Justicia y de Seguridad Pública del Senado, Rodrigues defendió la legalidad de la decisión y sostuvo que los documentos elaborados por los investigadores excedieron los límites establecidos por la máxima instancia judicial del país.
“Estoy protegiendo a los policías que hicieron ese informe porque, en mi criterio, elaboraron un documento que extrapoló las directrices dadas por el Supremo”, afirmó.
El jefe policial aseguró que ninguno de los funcionarios fue sancionado ni apartado de la institución, aunque ambos dejaron de ejercer sus funciones de dirección.
Según explicó, la medida buscó preservar las competencias de la Policía Federal y evitar actuaciones que pudieran comprometer la validez jurídica de las investigaciones.
El episodio involucra a los delegados Daniel Mostardeiro Cola y Wedson Cajé Lopes, quienes participaron en la elaboración de documentos con referencias a conversaciones del empresario Daniel Vorcaro, fundador del Banco Master, con integrantes del STF.
La controversia estalló después de que la dirección de la PF ordenara rehacer los informes iniciales, al considerar que incluían análisis y cruces de información que podían interpretarse como investigaciones sobre magistrados sin la correspondiente autorización judicial.
Rodrigues explicó ante los senadores que la elaboración de esos documentos respondió a una solicitud administrativa del presidente del STF, Edson Fachin, para reunir todas las menciones a integrantes de la corte encontradas en el material incautado durante las pesquisas.
De acuerdo con el director, los investigadores debían limitarse a describir la información, sin emitir valoraciones ni desarrollar indagaciones sobre los jueces.
El funcionario atribuyó la separación de los delegados a una ruptura de la confianza entre los investigadores y la dirección de la institución, y rechazó que la medida representara una sanción por el contenido de los documentos.
Rodrigues debe entregar este miércoles a Fachin los nuevos informes con las referencias a ministros del STF encontradas en los dispositivos electrónicos de Vorcaro.
Posteriormente, corresponderá a la Procuraduría General de la República evaluar los elementos y determinar si existen fundamentos para solicitar nuevas diligencias o promover investigaciones.
Vorcaro permanece preso preventivamente en Brasilia, acusado por supuesta gestión fraudulenta, lavado de dinero y organización criminal, entre otros delitos.
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