El miembro de la Junta Directiva del Legislativo y jefe de la bancada Valor, Elmer Palencia, explicó que no veían otro momento para poder ampliarlo, ya que en enero próximo se perdía y carecían de consenso para un fondo de compensación.
Esta era la única salida que quedaba, extenderlo por un plazo considerable (hasta el 30 de junio de 2027), subrayó el diputado en declaraciones a la emisora La Red 106.1.
Sin embargo, aclaró que la prórroga no contempla una cláusula de desactivación automática en caso de que disminuya el precio internacional del barril de petróleo, por lo que la suspensión se mantendrá durante el plazo aprobado.
El Decreto 22-2026, reglamentado mediante el Acuerdo Gubernativo 164-2026, estableció la exención temporal para los combustibles comprendidos en la medida hasta el 31 de diciembre del presente año.
La normativa, aprobada el 22 de septiembre pasado, incluye obligaciones de información de precios, facturación y control de inventarios.
Ante jornadas de protestas y bloqueos de vías, el Congreso acordó entonces evitar que los costos derivados del mercado internacional se trasladaran directamente a los consumidores. A inicios de este mes, mediante una carta pública, cuatro gremios del transporte remarcaron la urgencia de sostener el marco legal vigente para frenar presiones alcistas.
Aseveraron que el diésel representa un insumo clave para la cadena logística y no únicamente para el traslado vehicular.
Cualquier encarecimiento en este combustible presiona de forma directa sobre las tarifas del flete comercial, el boleto extraurbano y los costos de las pequeñas y medianas empresas, insistieron en el texto.
Advirtieron además que el vencimiento de la norma coincidirá con el inicio del ciclo lectivo escolar.
Guatemala, en su condición importador neto de hidrocarburos, se encuentra expuesto a la alta volatilidad de los valores internacionales del petróleo.
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