En un documento enviado a parlamentarios, la entidad cuestionó tres iniciativas en discusión en la Cámara de Diputados y dos en el Senado, al considerar que la modificación contraviene garantías establecidas en la Constitución y compromisos internacionales asumidos por el país.
Una de las propuestas analizadas en el Senado plantea establecer la responsabilidad penal desde los 16 años como regla general y reducirla hasta los 14 para delitos específicos, entre ellos tráfico de drogas y crímenes considerados atroces.
La asociación, citada por el diario Folha de S.Paulo, sostiene que la edad mínima de 18 años constituye una garantía individual protegida por una cláusula pétrea de la Constitución brasileña, por lo que no puede modificarse ni siquiera mediante una enmienda constitucional.
También advierte que la reducción contravendría tratados internacionales que establecen la necesidad de un sistema de justicia especializado para adolescentes.
Como fundamento de su posición, la AJD citó datos de 2025 del Sistema Nacional de Atención Socioeducativa, según los cuales el robo y el tráfico de drogas representaron el 57 por ciento de los 13 mil 367 actos infractores registrados entre adolescentes sometidos a medidas de restricción o privación de libertad.
La entidad alertó que trasladar a esos jóvenes al sistema penitenciario para adultos podría incrementar la reincidencia y facilitar su captación por organizaciones criminales.
Asimismo, recordó que el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) ya contempla medidas socioeducativas, incluida la internación por un período máximo de tres años.
Frente a la violencia, la asociación defendió el fortalecimiento de ese sistema y la ampliación del acceso a la educación a tiempo completo, los servicios de salud y la formación profesional.
Las propuestas de reducción de la edad penal forman parte de un debate más amplio sobre la política de seguridad pública en Brasil.
En el Senado, las iniciativas fueron separadas de la Propuesta de Enmienda Constitucional sobre Seguridad Pública, mientras la Cámara mantiene el análisis de otras modificaciones sobre el tema.
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