En un comunicado, la Cancillería calificó la decisión australiana de «paso importante para hacer frente a la actividad de asentamiento» y pidió impedir la participación de compañías e instituciones en el plan E1, al este de Jerusalén ocupada, así como en otras iniciativas de colonización.
El ministerio destacó especialmente las medidas contra empresas constructoras implicadas en la edificación de asentamientos, además de las multas y restricciones de viaje aplicadas a personas vinculadas con esas actividades.
También valoró la prohibición impuesta a ciudadanos y empresas australianos de realizar transacciones comerciales con las entidades sancionadas o brindarles apoyo financiero o de otro tipo.
La Cancillería acogió con beneplácito el llamamiento de Canberra a las compañías para que no presenten ofertas en proyectos de construcción en asentamientos, y consideró que esas decisiones se ajustan al derecho internacional y a las obligaciones jurídicas de la comunidad internacional.
Asimismo, destacó la advertencia australiana de que la expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos perjudican las perspectivas de una solución de dos Estados.
El proyecto E1, situado al este de Jerusalén, prevé ampliar la construcción de asentamientos y conectarlos con esa ciudad. Según evaluaciones palestinas, su ejecución dividiría la Cisjordania ocupada entre el norte y el sur, y aislaría Jerusalén Este de su entorno palestino.
Las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia consideran ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, conforme al derecho internacional.
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