Por: Mario Muñoz Lozano
En la 31 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la delegación italiana estuvo encabezada por el ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética, Gilberto Pichetto Fratin, y el subsecretario de Estado de esa cartera Claudio Barbaro, junto a 29 expertos y funcionarios.
La ausencia de la primera ministra Giorgia Meloni en la reunión inaugural de jefes de Estado y Gobierno generó críticas de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición, que cuestionaron el compromiso político del Ejecutivo con la agenda climática.
El Ministerio de Medio Ambiente rechazó esos señalamientos y destacó la participación italiana en las negociaciones sobre financiación, adaptación y transición energética, así como la organización de 55 actividades en su pabellón nacional, con más de 150 instituciones y organizaciones.
Ante la plenaria, Pichetto Fratin reiteró el compromiso de alcanzar la neutralidad climática para 2050 y señaló que entre 2022 y 2025 Italia aportó cinco mil 800 millones de euros de financiación pública para iniciativas climáticas y movilizó otros tres mil 200 millones.
También destacó que las fuentes renovables cubrieron aproximadamente un 47 por ciento de la demanda eléctrica nacional en 2025.
Sin embargo, el Instituto Superior para la Protección y la Investigación Ambiental informó que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron un 3,6 por ciento en 2024, aunque advirtió que el país difícilmente alcanzará las metas europeas para 2030.
De acuerdo con el organismo, incluso incorporando las medidas adicionales previstas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, persiste una brecha respecto a las metas establecidas por la Unión Europea para los sectores no incluidos en el mercado de emisiones, entre ellos el transporte, la agricultura y los edificios.
El centro de estudios ECCO estimó que el cálculo de las emisiones pudo aumentar en 2025 en unos nueve millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono respecto al año anterior.
Por su parte, la Agencia Europea de Medio Ambiente indicó que el uso de fuentes renovables representaba un 19,6 por ciento del consumo final bruto de energía italiano en 2023, frente a una meta del 38,7 por ciento para 2030, lo que exige multiplicar el ritmo de crecimiento registrado durante años anteriores.
El debate sobre la transición energética también está condicionado por la posición del Gobierno, que defiende la incorporación de distintas tecnologías de bajas emisiones, incluido el desarrollo de la energía nuclear, los combustibles sostenibles y los sistemas de captura y almacenamiento de dióxido de carbono.
A esos desafíos se suma la vulnerabilidad del territorio italiano ante efectos del calentamiento global como inundaciones, sequías, olas de calor, deslizamientos de tierra e incendios forestales que afectan de forma recurrente a distintas regiones del país.
Un análisis del Fondo Monetario Internacional publicado este año identifica las inundaciones entre los principales riesgos climáticos para Italia y advierte sobre la exposición de amplias zonas del territorio y de la población a fenómenos de esa naturaleza.
En ese contexto, las discusiones de Antalya sobre financiación, adaptación, electrificación y reducción de emisiones tienen particular importancia para el país, que debe conciliar la transformación de su matriz energética con las necesidades de su industria y la protección de las comunidades más vulnerables.
Así, la COP31 representó un escenario para evaluar la distancia entre los compromisos internacionales y su aplicación nacional, un desafío que para Italia supone acelerar las inversiones, reforzar las políticas de adaptación y garantizar que la transición energética se traduzca en resultados verificables.
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