El diario La República dijo haber recibido una copia del informe respecto a los contratos, y señala que el jefe de la OCI, Marco Argandoña, expuso formalmente los problemas al mismo al canciller, Carlos Espá, quien es objeto de críticas que le imputan responsabilidad política en lo sucedido.
En la misa papal del lunes último las fallas del sonido y las pantallas gigantes por los que buena parte de más de un millón de asistentes escucharan y vieran al Papa, miles de los cuales no pudieron verlo ni escucharlo en el último día de su intensa y exitosa visita a Perú.
Ante esa situación, los descontentos salieron apresuradamente para ver en sus casas aunque sea en parte el oficio religioso y testigos afirman que estuvo a punto de producirse una estampida.
El periódico afirma que el Ministerio de Relaciones Exteriores pasó por alto la advertencia y siguió adelante con los contratos con dos empresas con un costo superior al equivalente de más de ocho millones de dólares.
La República refiere que el informe mencionado reportó omisiones y deficiencias en aspectos de seguridad en las estructuras a instalarse en Lima y las demás ciudades donde León XIV cumplió actividades similares.
“No se solicitó ningún expediente técnico ni memoria de cálculo preliminar en la fase de calificación o evaluación de ofertas. Es decir (la Cancillería), adjudicará la buena pro sin conocer ni verificar si la propuesta técnica del postor es estructuralmente viable y segura”, dice el informe, citado por el diario.
La versión añade que el OCI pidió al canciller que informe en un plazo de cinco días sobre las medidas tomadas sobre los problemas encontrados en los contratos firmados para las actividades del Papa en las ciudades que recorrió.
Una constante del informe son los señalamientos a las estructuras de sustento de equipos de sonido y pantallas gigantes de televisión que planteaban el riesgo de que caigan sobre los asistentes con consecuencias lamentables.
Un grupo de parlamentarios presentó el viernes último una moción de interpelación a Espá en la Cámara de Diputados, que, según el reglamento de esta, de aceptarse por el pleno por el 15 por ciento de los diputados, y el debate de fondo se realizará entre el tercero y el décimo día siguientes.
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