Según la nueva normativa, los otroras funcionarios contarán con seguridad estatal por seis meses después de dejar el cargo y solo se aplicará la protección en el territorio nacional.

Tras este lapso, la protección cesará automáticamente.

La medida busca corregir el Decreto aprobado por el exgobernante Guillermo Lasso en los últimos días de su gestión, que otorgaba dos años de seguridad para los expresidentes y un año para exvicepresidentes. Además, la protección se extendía a territorio extranjero y a sus cónyuge.

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