De acuerdo con la delegada presidencial de la región, Sofía González, el decreto será renovado a partir del 2 de marzo y su objetivo es poner a disposición de las víctimas todas las capacidades del Estado para que las familias se puedan levantar de la manera más rápida posible.

Mientras dure la excepción, las zonas concernidas quedan bajo dependencia inmediata del jefe de defensa nacional, el cual puede adoptar medidas extraordinarias de carácter administrativo para el restablecimiento de la normalidad.

El siniestro, registrado a principios del mes de febrero, golpeó sobre todo a las comunas de Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué, y destruyó miles de viviendas, emprendimientos y otras infraestructuras.

Sobre las empresas afectadas, la delegada presidencial dijo que a través del Ministerio de Economía se buscará un mecanismo para realizar el catastro y posterior apoyo, a través del Servicio de Cooperación Técnica u otras vías.

González informó que se trabaja para disminuir el impacto del desastre en las familias damnificadas y una de las primeras decisiones será gestionar el regreso a clases de los estudiantes.

Según las autoridades, el proceso de reconstrucción tardará y su costo sería superior a los mil millones de dólares.

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