El denominado caso Koldo, un exasesor del otrora ministro de Transportes, José Luis Abalos, coloca frente a las cuerdas al gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), una oportunidad de hora que no quiere desperdiciar la oposición encabezada por el conservador Partido Popular (PP).

Abalos fue apartado del PSOE en tanto continúa la investigación, pero se resistió a renunciar a su escaño parlamentario y pasó a forma parte del grupo mixto del Congreso de Diputados.

Las mascarillas sanitarias tan imprescindibles durante la pandemia son parte esencial de una trama de corrupción que crispa los nervios políticos.

Koldo García supuestamente se benefició de los contratos por las compras emergentes de las mascarillas, en un proceso que adelanta la justicia.

En realidad, no hay ninguna prueba ni acusación contra Abalos, pero el tema es utilizado ahora con intensidad por el PP, que a través de su líder, Alberto Núñez Feijóo, atacó con dureza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo, más allá se lanzan sospechas y acusaciones todavía sin fundamento contra la actual presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, quien fue titular del Gobierno de Islas Baleares en el pasado reciente.

Los habituales ácidos intercambios de Feijóo con Sánchez en el Parlamento, confirman que el PP va con todo en sus esfuerzos por desbancar del poder al actual jefe del Ejecutvivo, a quien ya descalifican por impulsar una ley de amnistía.

El mandamás del PP señaló al jefe del Ejecutivo que “sí sabía” de la corrupción que afectaba al PSOE y a sus dirigentes más cercanos, a lo que Sánchez ripostó que los socialistas no hacen lo mismo que la derecha de mirar hacia un lado en casos de esta índole.

En declaraciones a distintos medios, Ábalos, por su parte, defendió su postura de no dimitir al puesto parlamentario para “no hundir mi carrera política”, admitió que hubo cosas de Koldo García que le llamaron la atención, pero no contrastó sus explicaciones.

A todas luces, el asunto destapado de momento es apenas la punta del iceberg, según analistas locales, que temen un enrarecimiento todavía mayor cuando se debata la próxima semana la propuesta de ley de amnistía en el Congreso.

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