A través de un comunicado, esa organización política insistió en que las reformas que propone la iniciativa gubernamental pueden ser procesadas en la Asamblea Nacional (parlamento) y cuestionó el gasto de 60 millones de dólares en ese proceso.

De igual manera, la RC renunció a recibir presupuesto alguno para la promoción de ese proceso electoral e instó a las demás organizaciones políticas y sociales a hacer lo mismo.

El país pasa por momentos críticos en distintos ámbitos, como la terrible situación de inseguridad, crisis económica, desempleo, desabastecimiento de hospitales, falta de recursos para educación, inundaciones, millonarias deudas a las prefecturas y municipios, que deben ser solucionadas con urgencia y requiere un responsable sentido de las prioridades, señaló el comunicado.

Los ecuatorianos deberán responder Sí o No a 10 preguntas propuestas por Noboa, así como a otra interrogante sobre la participación de las Fuerzas Armadas en acciones contra la inseguridad de forma permanente.

Los cuestionamientos que conllevarían modificaciones a la Carta Magna están relacionados con la eliminación de la prohibición de extradición de personas ecuatorianas y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.

Otras interrogantes buscan reformas a leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, tipificación de delitos por tenencia de armas, e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.

Analistas consideran que para el mandatario la consulta busca generar legitimidad a su política de seguridad que, de ser exitosa, podría catapultarlo en sus intenciones de postularse para un nuevo periodo de cuatro años en los comicios de febrero del 2025.

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