La Secretaría General de la Presidencia oficializó el martes pasado el recibo entre las ternas de 37 candidatas y 84 solicitantes, además de las impugnaciones presentadas por la sociedad civil en el marco de la postulación.

Luego del análisis –acotó el Ejecutivo-, tomará su decisión el mandatario nacional, Bernardo Arévalo, quien fue enfático en declarar que si no llenan las expectativas que el cargo exige, rechazará las propuestas.

El jefe de Estado podría devolver a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano la responsabilidad de proponer una nueva terna en los plazos establecidos por la Ley.

Ante denuncias de perfiles vinculados con actores corruptos y la escasa transparencia en la elección, autoridades mayas y representantes de distintas organizaciones de 11 de esas demarcaciones impugnaron las propuestas.

Entre ellas de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Sololá, Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, Izabal, Petén, Escuintla y Sacatepéquez.

Llamaron a Arévalo a atender las demandas de la población que manifestó su descontento y sufrió por ello amenazas así como intimidación, advirtieron.

“Seguimos viendo cómo las mafias y la corrupción siguen manipulando estos procesos”, declaró a la prensa la alcaldesa indígena del municipio Santa Lucía Utatlán, Sololá, Luz Emilia Ulario.

De ahí, la autoridad ancestral César Yac recordó que los más de 100 días de paro desde el pasado octubre frente al Ministerio Público buscaban una mejor sociedad, por lo que esos pueblos continuarán “en pie de lucha”.

El líder originario señaló que en Sololá la terna electa tiene vínculos con el partido políticos Vamos del exmandatario del país, Alejandro Giammattei (2020-2024).

Analistas y comisiones le solicitaron al presidente actual que “investigue los indicios de compra de voluntades durante el proceso de selección de las ternas y priorice el rescate de los espacios de sociedad civil”.

Incluyeron la creación de condiciones para la elección de nuevos representantes de las entidades no gubernamentales ante el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano, sin ninguna presión, ni cooptación institucional o partidista.

En medio del debate de las sugerencias para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el partido Cambio pidió que la definición de gobernadores departamentales se realice por medio del voto directo de los ciudadanos, en comicios generales.

Estos cargos, diseñados en Guatemala para ejecutar el presupuesto de obras públicas, no son de elección popular, sino de designación y libre remoción por parte del Gobierno.

lam/znc