“Los bolivianos hemos naturalizado el contrabando y ahora tenemos que luchar para evitar naturalizar también el crimen organizado”, afirmó al revelar que este tipo de acciones ilícitas afecta a Bolivia anualmente en un ocho por ciento de su producto interno bruto.
En la sede de la CNI, Camacho inauguró el panel Revelaciones Sobre Crimen Organizado y Comercio Ilícito, que contó con la participación de expertos de Bolivia, Chile y Perú, y al que asistió Prensa Latina.
Durante el foro se informó que, según Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado, este flagelo crece en 22 de los 35 países del hemisferio, y en este contexto Bolivia tiene el crecimiento más acelerado después de Guyana.
Tal dinámica acontece, entre otros factores, por la colusión del contrabando con otros delitos transfronterizos como el narcotráfico, el lavado de activos o la trata de personas, coincidieron los ponentes.
Indicaron que esta es la causa por la cual se observa un incremento de la violencia vinculada al accionar de los contrabandistas, quienes, en el caso de Bolivia, tan solo en el primer mes de 2024 cobró la vida de al menos cinco efectivos militares.
“Bolivia no es solo un país de paso, también recibe el impacto delincuencial que acarrea el contrabando, y las bandas trasnacionales detrás de este”, sostuvo el especialista en crimen organizado y exfiscal chileno Carlos Gajardo.
El exministro de Interior de Perú Rubén Vargas, por su parte, advirtió que el comercio ilícito comparte territorios, logística y rutas con el tráfico de otras “mercancías”, entre ellas las drogas, el oro ilegal o las armas.
Agregó que todos estos factores se soportan en las mismas redes de actores criminales (incluyendo organizaciones de este tipo) y apelan a un empleo similar de la violencia.
Correspondió al boliviano Gustavo Luna, asociado del centro de comunicación estratégica Rodríguez Baudoin, presentar una encuesta sobre el tema promovida por la CNI en el Estado Plurinacional.
El sondeo reveló que, al contrario de lo que puede ocurrir en otros países donde se percibe el contrabando como un hecho circunscrito a la esfera delictiva, en Bolivia se le considera una actividad inherente al quehacer económico.
Describió que es tal la legitimidad social del contrabando, que el 48 por ciento de los encuestados consideran que esta actividad ilegal es importante para la economía.
Consideró que influyen en esa visión la convivencia ancestral con la práctica del contrabando, la convicción de que se trata de una fuente de ingresos fundamental en el ámbito de la informalidad y su impacto en el ahorro de los gastos familiares.
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