El magistrado Darwin Danilo Paredes, de esa misma localidad, admitió una acción de protección con medidas cautelares y ordenó la suspensión provisional de la consulta en la parroquia de Palo Quemado, que en días recientes sufrió hechos violentos por los enfrentaminetos entre policías, militares y residentes opuestos al extractivismo.
La decisión judicial fue una respuesta al recurso presentado por el alcalde de Sigchos, Oscar Monge, quien pidió el retiro del sector de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para evitar más confrontaciones.
El próximo martes 2 de abril habrá una audiencia para analizar el caso.
🔴 #ATENCIÓN
Victoria de la lucha social: la inconstitucional consulta ambiental, que había sido impuesta con violencia por el Gobierno de @DanielNoboaOk y la minera canadiense @AticoAty se ha suspendido de forma provisional.
¡La lucha continúa!@Micc_Ec @FNAntiminero… pic.twitter.com/gaPsm0LoYv— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) March 26, 2024
Palo Quemado es una pequeña comunidad de poco más de mil habitantes, muchos de ellos están en desacuerdo con el proyecto minero La Plata, a cargo de la empresa canadiense Atico Mining.
Para implantarlo es necesario, desde el punto de vista legal, realizar una consulta ambiental a los residentes del área.
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica inició el proceso, pero en un contexto de militarización y violencia.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Frente Nacional Antiminero y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi emitieron un comunicado en el que califican el fallo judicial como una victoria temporal fruto de la lucha social.
No obstante, las organizaciones llamaron a no bajar la guardia y mantener las acciones de resistencia previstas para esta semana, especialmente la movilización programada para mañana, 27 de marzo.
El juez reconoció que las acciones de resistencia demuestran la inconformidad de la población con el proyecto minero La Plata cuyos efectos directos lo sentirán las poblaciones de Palo Quemado y Las Pampas, apuntan los grupos sociales que denucian la gravedad de los sucesos violentos y la violación de derechos constitucionales.
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