La institución reconoció en un comunicado divulgado en la noche de este lunes que las muertes violentas no bajaron al nivel esperado, aun cuando reforzaron la presencia de uniformados en las calles.

Uno de los casos que más conmocionó fue el secuestro y asesinato de cinco turistas que se encontraban en un hotel del cantón Puerto López, de la provincia costera de Manabí, en la noche del viernes 29 de marzo.

El repunte de la inseguridad contrasta con declaraciones oficiales, como la de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, quien defendió la estrategia de la administración en materia de seguridad.

«No podemos hablar de una contención fallida porque un fin de semana aumentaron las muertes violentas”, declaró.

En su opinión, la violencia y la corrupción arraigadas en las estructuras del Estado representan un desafío complejo que requiere una respuesta integral y a largo plazo.

Asimismo, mencionó que “no hay suficientes recursos para dar respuesta a todas las peticiones de protección” para autoridades locales y dijo que el Estado espera con el aumento desde este lunes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 15 por ciento una recaudación de mil 900 millones de dólares.

La ministra presentó un nuevo programa de gobernanza local que busca mejorar los mecanismos de prevención, control y reacción ciudadana frente a la delincuencia, aunque no reemplaza al estado de excepción, que concluirá la próxima semana y no será renovado porque la ley no lo permite.

La nueva ola de violencia de los últimos días tiene lugar mientras el país se prepara para una consulta popular y referendo el 21 de abril, cuando los ecuatorianos deberán responder 11 preguntas sobre seguridad y empleo, un proceso considerado innecesario e inútil por sectores políticos y sociales de oposición.

Ecuador es uno de los países más violentos de la región y registró al finalizar 2023 una tasa anual de más de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes.

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