En un comunicado, los legisladores aseguraron permanecer alerta ante la agenda prevista, así como los dichos del embajador estadounidense Marc Stanley, quien se refirió al supuesto uso militar de la Estación de Espacio Lejano, en la provincia de Neuquén, por las Fuerzas Armadas chinas.

Históricamente, Argentina propició proyectos de cooperación científico-tecnológica de índole pacífica con otros Estados, con el propósito de cumplir con nuestros objetivos de desarrollo socioeconómico soberano. Esto incluye necesariamente el sector espacial, señala el texto.

En ese marco, a partir de 2012 se impulsaron acuerdos entre la Agencia China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, incluyendo a Neuquén para el establecimiento de la estación.

Los mismos tienen como corolario un convenio de 2014 que cuenta con la debida aprobación del Congreso, añade.

Asimismo, precisa que el uso pacífico de la instalación fue ratificado mediante un protocolo adicional en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri.

El mismo estableció que la estación “se implementará exclusivamente con miras al uso civil en el campo de la ciencia y la tecnología, y la información resultante no podrá ser utilizada con propósitos militares”, explica el comunicado.

El proyecto con China es resultado de una decisión soberana, que persigue fines pacíficos y no de carácter militar, a la vez que abre nuevas oportunidades de conocimiento y cooperación. La solicitud de inspección de la base por parte del embajador resulta parcial y sesgada, agrega.

Los senadores consideran que “la política exterior sobre-ideologizada y dogmática del presidente Javier Milei y la canciller Diana Mondino prevé la adopción de la agenda de defensa, seguridad e inteligencia de Estados Unidos, a cambio de apoyo económico y financiero en organismos y fondos de inversión donde ese país tiene una fuerte injerencia”.

Esto nos somete a involucrarnos en conflictos extrarregionales, en fuerte detrimento de los intereses nacionales y de los principios de la política exterior argentina que históricamente veló por la paz, la neutralidad y la no intromisión en asuntos internos, afirma el texto.

Además, advierte que “las decisiones del Gobierno ponen en riesgo la seguridad nacional y provocan tensiones con importantes aliados en agendas comerciales y diplomáticas como la causa Malvinas”.

La cesión de soberanía a cambio de apoyo económico o financiero no solo es poco efectiva sino también indigna. (…) El siglo XXI deberá ser aquel que ponga fin a la imposición de agendas unilaterales que menoscaben la soberanía política y económica, añade el comunicado.

Las relaciones argentino-estadounidenses no pueden ser de sumisión, sino que deben diseñarse bajo el concepto del beneficio mutuo, la no injerencia en los asuntos internos y la soberanía política en la ejecución de la política exterior, concluye.

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