El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que, como resultado de la coordinación regional, los delincuentes resultaron aprehendidos este viernes en la ciudad de Oruro con armamento de calibre de guerra.
Presentados ante la opinión pública en conferencia de prensa transmitida por el canal estatal Bolivia TV, los imputados son Ricardo José Cordero (30 años), José Daniel Dorantes (22), Alexamiel José Acosta (30) y un menor de edad presuntamente de 16 años, cuyo nombre no fue revelado.
“Estos sujetos de nacionalidad venezolana, incluso, se han atrevido a amenazar a la Policía Boliviana, manifestando que no sabían con quienes se metían, que ellos eran miembros del Tren de Aragua”, afirmó el titular.
Del Castillo explicó que el Tren de Aragua es una megabanda criminal venezolana originaria del estado de ese nombre que se ha expandido a varios países de la región.
Informó que dos ingresaron a Bolivia la anterior semana y el resto el miércoles último, por pasos irregulares.
Describió que, tras un seguimiento, fueron aprehendidos cerca de las 06:00 hora de Bolivia de este viernes, cuando se reunían en una casa de la urbanización Villa Dorina, en la capital departamental orureña, desde donde se les trasladó a La Paz.
En su poder se ocupó cinco granadas de combate, cuya onda expansiva alcanza un diámetro de cinco metros; nueve cajas de municiones de guerra de distintos calibres (de 40 milímetros, de 44; de 32 y de 7.56).
Las fuerzas policiales les secuestraron, además, dos chalecos antibalas, 223 proyectiles nueve milímetros, cinco cargadores de pistolas Glock y subametralladora MP5, dos armas de fuego (pistola Taurus nueve milímetros y un subfusil MP5 HK nueve milímetros), así como píldoras que, posiblemente, correspondan a droga sintética.
Añadió el ministro que en las investigaciones se debe establecer el motivo de su arribo a Bolivia, y anunció el reforzamiento del control en las fronteras y al interior el país, al anunciar que serán puestos ante los tribunales para que definan su situación legal.
“Esperamos que los administradores de justicia puedan darles una detención preventiva máxima en el país, para que podamos colectar las pruebas y podamos obtener una sanción ejemplar para que ningún extranjero venga a intentar perturbar la tranquilad de los bolivianos”, concluyó del Castillo.
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