Durante la cuarta sesión ordinaria de ese órgano, dirigido por el presidente João Lourenço, los participantes evaluaron el contenido del proyecto, que pretende establecer un marco jurídico especializado para combatir ese flagelo.

El vandalismo causa grandes daños al Estado angoleño, según apreció el Ejecutivo, y se trata de un fenómeno que pone en riesgo la sostenibilidad de las inversiones públicas que necesita la sociedad.

Las redes de distribución de electricidad y agua son las principales afectadas por este tipo de delitos, que ocasionan pérdidas millonarias por concepto de reparaciones; afectaciones de servicios a la población, y retrasos en el desarrollo de nuevos servicios.

Frente a ese escenario, la normativa busca optimizar el tratamiento jurídico del fenómeno y como novedad incluye a todos los involucrados en la comisión del delito, desde el autor hasta quienes instigan, financian y patrocinan estas acciones, explicó el ministro de Estado y jefe de la Casa Civil del Presidente, Adão de Almeida.

El texto prevé penalizar a las personas que compren bienes resultado del vandalismo, y también establece un agravamiento especial de la pena para los funcionarios públicos que estén involucrados.

De forma general, las personas que incurran en estos actos podrán recibir condenas de prisión de entre tres y 15 años.

El Consejo de Ministros igualmente abordó la propuesta de ley sobre el Régimen Especial de Disponibilidad y Consumo de Bebidas Alcohólicas, que establece un régimen especial para el suministro y consumo dentro de instituciones hospitalarias, militares, policiales y educativas; así como el proyecto de Modificación de la Ley Antidopaje en el Deporte.

ro/kmg