La magistrada estaba encargada de procesar casos relevantes como el del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, el caso de lavado de dinero en contra del exdiputado Sigfrido Reyes y el caso en contra del expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, entre otros.
La funcionaria fue reemplazada por Harold Iván Córdoba Solís, un juez que tenía a su cargo un Tribunal Contra Crimen Organizado, y que en 2019 fue procesado en su calidad de fiscal por delitos de coacción y actos arbitrarios, indicó una reseña del diario.
En el juzgado que presidía la jueza tiene a su cargo, además, la causa de la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), donde es procesado expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani, también al exdiputado del PDC, Rodolfo Antonio Parker y a 11 militares.
Precisó el periódico que el nuevo magistrado en 2019 fue parte de un proceso penal en su calidad de fiscal cuando fue denunciado por los delitos de coacción y actos arbitrarios por cuatro fiscales por presuntamente haberlos coaccionado y torturado para criteriarse y declarar en contra del exfiscal general Luis Martínez, el expresidente Mauricio Funes y otros imputados.
Sin embargo, señaló El Mundo, fue la misma Fiscalía General de la República, bajo la gestión de Raúl Melara, quien pidió sobreseimiento por falta de pruebas al Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador.
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