El documento, admitido con ocho votos a favor, pasará a segundo debate en el Pleno del legislativo con algunos cambios propuestos por los asambleístas.

El legislador Adrián Castro sugirió la inmediata prestación de servicios de salud mental para las víctimas indirectas de femicidio, acceso a la justicia, consideración de opinión de niñas, niñas y adolescentes en el proceso judicial, voluntad de cambio de apellido, en caso de no querer llevar el del femicida, entre otros aspectos.

El proyecto de ley fue propuesto por la asambleísta Dallyana Passailague y desde 2021 persigue el objetivo de regular la contención, el acompañamiento y derecho a la reparación integral, plena, efectiva y transformadora para familiares de las víctimas de femicidio.

Esta ley brinda justicia para los familiares de las víctimas de femicidio, para que no sufran un doble dolor después de que el Estado no pudo proteger a las mujeres de su familia, ni tampoco les ofreció justicia, ni reparación de ningún tipo, manifestó Passailague.

En Ecuador, cada 27 horas una mujer pierde la vida y en los últimos 10 años han sido asesinadas mil 698, según un reporte reciente del diario local El Telégrafo.

De acuerdo con informes de organizaciones de mujeres, esas estadísticas son alarmantes. Datos oficiales de la Fundación Aldea revelaron que en 2022 la cifra de femicidios fue la más alta en la historia con 332 asesinatos.

Mientras que el pasado año 321 mujeres perdieron la vida de forma violenta, la segunda cifra más alta desde que se tipificó el delito.

Las provincias de la Costa concentran el 77 por ciento de los femicidios en el país andino. En esa región también preocupa la violencia extrema con la que son atacadas las víctimas.

lam/nta