Este sábado, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció el pago de 298,5 millones de dólares a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Sin embargo, la prefecta de Santo Domingo de los Tsachilas, Johana Núñez, denunció a través de su red social X que esa provincia no ha recibido el pago.
Le solicitamos al ministro Juan Carlos Vega que nos haga llegar las asignaciones que constitucionalmente nos corresponde del mes de noviembre de 2023 y febrero de 2024, para estar en total igualdad, demandó Núñez.
Por su parte, la prefectura de Pichincha reiteró que Finanzas adeuda a la provincia por más de 25 millones de dólares y que no han recibido los pagos que dicho ministerio anunció este sábado.
El pasado 7 de mayo, la Asamblea Nacional (parlamento) aquí aprobó una ley que impone al Ejecutivo la entrega de los recursos financieros correspondientes a las prefecturas y los municipios, entidades a las que le deben millones de dólares.
Con 106 votos a favor y 14 abstenciones de la bancada oficialista, el legislativo dio luz verde a la Ley para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de los Ingresos Permanentes Y No Permanentes.
La normativa establece que los recursos económicos pasen directamente de la cuenta única del tesoro a los GAD, o sea, a las cuentas de las administraciones locales sin una orden del Ministerio de Economía y Finanzas.
Recientemente, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Patricio Maldonado, denunció que el Gobierno Nacional mantiene una deuda de 800 millones de dólares con esas demarcaciones, que se suma al monto pendiente con las prefecturas.
Mientras, el presidente Noboa culpó al exmandatario Guillermo Lasso por la falta de pagos que aún persiste en el sector público.
Ecuador cerró el año 2023 con un déficit fiscal de casi seis mil millones de dólares, el equivalente al cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En medio de esa situación financiera, el Gobierno espera un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar la liquidez, sin embargo, economistas advierten de las condiciones que impone el organismo financiero para recibir ese crédito y sus consecuencias para la población.
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