Según un comunicado de la entidad, esta instó a sus homólogas de la Asociación de Autoridades Anticorrupción de África Oriental a colaborar en la elaboración de una normativa para detener la fuga de los recursos procedentes de flujos financieros ilícitos vinculados a la explotación fraudulenta de recursos minerales en la RDC.

De acuerdo con el coordinador adjunto interino de pesquisas, investigaciones y seguimiento de casos de la Agencia, Francis Lusakweno, el país impulsa con sus contrapartes del área el establecimiento de un auténtico intercambio de información para frenar el fraude.

Los conflictos que persisten desde hace más de 20 años en la RDC favorecen la venta y la explotación ilícita de los llamados minerales de sangre, por lo que resulta esencial detectar, identificar y detener esta explotación ilegal, en lo que es clave la información que puedan compartir las partes interesadas a nivel internacional.

Lusakweno apuntó que la RDC y Tanzania trabajan de conjunto en este camino, lo cual ha permitido recuperar varias toneladas de minerales extraídos ilegalmente del suelo congoleño.

El país también demandó, el pasado mes de abril, respuestas del gigante tecnológico Apple sobre el origen de los recursos empleados en la fabricación de sus productos.

Hasta el momento la empresa no ha respondido sobre la estructura de la cadena de suministros, que de acuerdo con un informe del bufete de abogados Amsterdam podría estar contaminada con minerales extraídos ilegalmente de territorio congoleño.

El alegado reporte acusa a Ruanda y a entidades privadas de ser los suministradores.

A ello se suma que el Ministerio de Minas de la RDC pidió imponer un embargo a Ruanda por violar los acuerdos sobre importación y explotación de minerales extraídos en zonas de conflicto.

La entidad gubernamental solicitó a la ONU y a la Conferencia Internacional para la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) que tomen cartas en el asunto, teniendo en cuenta que los recursos de la mina de Rubaya, actualmente en manos de los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23), son enviados a la nación vecina.

De acuerdo con la denuncia de la RDC, al hacerse cargo de Rubaya el M23 introdujo nuevos impuestos sobre la explotación de minerales congoleños a los comerciantes y mineros artesanales.

Estos están obligados a pagar un gravamen único de tres mil dólares por tonelada para el coltán y de dos mil dólares por tonelada para la casiterita, los cuales se pagan en la capital ruandesa.

Igualmente señalaron que los rebeldes almacenan los minerales en Mushake y luego los exportan a Ruanda, lo que constituye una violación flagrante de las disposiciones internacionales y regionales en la materia.

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