Como parte del convenio, el Gobierno del presidente Daniel Noboa tendrá hasta mediados de noviembre de 2024 para presentar al FMI un plan para incrementar los ingresos fiscales con medidas para “racionalizar los gastos tributarios ineficientes”.

Como gastos tributarios se definen aquellas deducciones, exenciones, beneficios e incentivos, los cuales casi siempre favorecen a segmentos vulnerables de la población, por ejemplo personas de la tercera edad o con discapacidad.

Esa sería la tercera normativa en materia de impuestos que Noboa impulsa desde que asumió el poder, el 23 de noviembre de 2023.

La primera fue la Ley de Eficiencia Económica, que estableció la condonación provisional de intereses para contribuyentes en mora con el Servicio de Rentas Internas, y la segunda fue la Ley para Enfrentar el Conflicto Armado que subió el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 a 15 por ciento.

Ahora el FMI exige medidas tributarias «permanentes y de alta calidad», que reemplacen a las transitorias, entre ellas el cobro de impuestos a utilidades de la banca y las cooperativas, que solamente pagarán en 2024.

A esas condiciones se suma la promesa del Ejecutivo ecuatoriano de eliminar el subsidio a los combustibles, lo cual para el Ministerio de Finanzas implicó en 2023 un gasto de tres mil 200 millones de dólares.

Para el FMI «la mayoría de estos subsidios benefician a muchos que no lo necesitan, alientan el consumo excesivo de combustibles fósiles, socavan la transición energética, dañan el medio ambiente y crean terreno para la corrupción y el contrabando.

Aunque en la carta de intención el Gobierno no detalla qué subsidio se eliminará, el presidente Noboa y su ministro encargado de Energía y Minas Roberto Luque anunciaron que quitarán este año el descuento a las gasolinas de bajo octanaje.

Si bien en el acuerdo con el organismo financiero, el Gobierno dice que no dejará de proteger «a los más vulnerables», no se detalla cómo será esa protección o quiénes recibirán una compensación.

El pasado viernes, el directorio ejecutivo del FMI aprobó la entrega del crédito para Ecuador bajo el cual el país sudamericano recibirá de manera inmediata mil millones de dólares y el resto a lo largo de los próximos cuatro años, como parte de un Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF).

«Las condiciones del FMI vienen en detrimento social», afirmó la legisladora de la Revolución Ciudadana Gissela Garzón, quien propuso que la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional (Parlamento) inicie el proceso de fiscalización.

La parlamentaria señaló que el país superó el nivel de endeudamiento y en la práctica ese dinero no se traduce en mejores condiciones de vida ni en mejores servicios públicos, sino que se utiliza para pagar los préstamos.

Especialistas advirtieron que buena parte de los recursos recibidos se destinarán al mismo FMI, entidad con la que el país tiene una deuda de cuatro mil millones de dólares solamente por vencimientos o amortizaciones, pues la suma total asciende a más de nueve mil millones.

El nuevo crédito no solo será utilizado en su totalidad para pagarle al propio FMI, sino que no alcanza el dinero para hacerlo, alertó el economista Marco Flores.

Llamó al Gobierno del presidente Daniel Noboa a no caer en los mismos graves errores que cometieron sus predecesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso y use parte razonable del endeudamiento para reconstruir la inversión y servicios públicos, impulsar la economía, la producción y el empleo.

El especialista aseveró que los resultados fiscales, económicos y sociales, luego de siete años de neoliberalismo han sido tan destructivos como evidentes y acusó a los “neoliberales criollos encargados de los ajustes recesivos” de destruir la inversión y servicios públicos.

Insistió en que la “receta estándar” de austeridad expansiva del FMI es un copy-paste (copia y pega en lenguaje informático) de programas que jamás han servido para salir del estancamiento a una ruta de crecimiento que genere empleo y reduzca pobreza.

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