La semana pasada, un grupo de jóvenes realizó un ayuno para hacer más visible el caso de las antorchas utilizadas por la industria petrolera en la región amazónica.

Según el colectivo No más mecheros, actualmente hay más mecheros en la región que cuando se dictó la sentencia de apagarlos hace 30 meses y aseguran que existen llamas que pueden alcanzar hasta 12 metros de altura.

La estatal Petroecuador, entidad encargada de apagar las llamas, anunció la eliminación de 145 de las 424 que existían en 2022, y hace pocas semanas aseguró que entre 2024 y 2026 eliminarán otras 93.

El ministro encargado de Energía y Minas Roberto Luque visitó la víspera la provincia de Orellana para verificar el plan de apagado.

Es fundamental cumplir con lo dictaminado por la Corte Provincial, nuestro objetivo es brindar las condiciones óptimas para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Amazonía, afirmó Luque.

El abogado Pablo Fajardo, representante de los grupos ambientalistas y de los afectados, señaló que en un principio eran 447 mecheros, algunos se han apagado, pero no se ha aprovechado el gas, sino que ha sido redireccionado.

Para la coordinadora de la Alianza de Derechos Humanos, Vivian Idrobo, el incumplimiento de la sentencia hace un profundo daño a la Amazonía, a sus habitantes, pero también afecta la democracia y el Estado de derecho.

“¿De qué sirve obtener sentencias constitucionales si no se cumplen? Si ni bien obtenida la sentencia, se busca la manera de evitar dicho cumplimiento”, cuestionó Idrobo, que también exigió un pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto.

Investigaciones apuntan que la quema de gas en mecheros es uno de los procesos de la extracción de petróleo que más contribuye a la crisis climática a causa de las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono (CO2).

npg/avr