Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, de la sala II de ese tribunal, rechazaron una apelación de esa cartera del Estado y orientaron a su titular Sandra Pettovello elaborar un plan de entrega de esos artículos “en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato».

Señalaron que, “de no hacerlo de ese modo en un plazo de 24 horas, su conducta configurará el delito de desobediencia a una orden judicial (artículo 239 del Código Penal), más allá de comunicar, a la ciudadanía, la traición a los postulados del sistema republicano”.

También indicaron que en el expediente «se intenta establecer si los funcionarios públicos incurrieron en hechos delictivos al haber suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios».

La semana pasada, Casanello comunicó a la Cámara que el Ministerio incumplió su orden de presentar un plan de distribución de los productos que se encuentran en Villa Martelli y Tafí del Valle y orientó la inspección de esos depósitos.

La disposición de Casanello se conoció luego de la presentación de un recurso por el líder de Argentina Humana, Juan Grabois, y organizaciones sociales que acusaron al Gobierno de retener artículos adquiridos por la administración de Alberto Fernández para comedores que atienden a familias vulnerables.

Grabois acusó al Gobierno de Javier Milei de mentir e indicó que en los allanamientos ordenados por el juez se detectó la falta de cantidades detalladas en los informes entregados por el Ejecutivo.

Ellos presentaron dos veces el stock, la primera con un número y la segunda con otro. ¿No serán los alimentos podridos que sacaron para evitar otro nuevo escándalo?, cuestionó.

npg/gas