De esta manera, la propuesta sigue su curso rumbo al análisis final y la votación en la plenaria del Parlamento, donde se espera que igualmente transite sin mayores dificultades.

La normativa establece un marco jurídico especializado para la lucha contra el vandalismo de bienes y servicios públicos, definiendo mecanismos rápidos y eficaces para la identificación de los autores.

Entre otros asuntos prevé el endurecimiento de las penas para delitos como la destrucción de bienes públicos, los daños a estos, la puesta en peligro de su seguridad, el robo y la receptación, cuyas sanciones pueden incluso alcanzar entre los 15 y 25 años de prisión.

Otro aspecto que destaca en la legislación es que no solo el autor del delito puede ser encausado, sino también quienes instiguen, financien o patrocinen tales actos, así como aquellos que indirectamente fomenten su práctica o compren bienes que sean resultado de estas acciones.

La propuesta, cuya iniciativa corresponde al Ejecutivo, responde a la necesidad de crear un marco penal adecuado contra este tipo de acciones, en un contexto donde existe una creciente manifestación de este fenómeno que causa daños sociales, económicos y financieros inestimables.

En Angola tales delitos han ocasionado perjuicios a las cadenas de suministro de electricidad, agua, gas, combustible y transporte público.

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