El titular de esa mesa legislativa multipartidista, Carlos Vera, presentó el informe que incluye las reformas para el endurecimiento de penas a determinados delitos y las condiciones para facilitar la extinción de dominio, o sea, que el Estado incaute bienes de origen ilícito.

La inseguridad nos está asfixiando, pero depende de nosotros salir y sacar adelante a nuestro país, manifestó Vera.

La asambleísta Patricia Mendoza, del movimiento Revolución Ciudadana, aseguró que las reformas que ahora se tratan, derivadas del proceso consultivo, fueron presentadas meses atrás y el país se habría ahorrado 62 millones de dólares

Mendoza afirmó que apoya el incremento de penas, siempre y cuando se respete la Constitución y se aplique la dosimetría penal.

En su opinión el incremento de penas no va a disminuir el índice de criminalidad ni la inseguridad por sí solos.

Otros legisladores hicieron aportes y recomendaciones, aunque el documento regresará a la comisión para prepararlo para el segundo y definitivo debate.

Entre los temas que deberán legislarse como resultado del mandato popular está el incremento de las penas para terrorismo, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividades ilícitas de minería.

Asimismo, deberá quedar legislado el cumplimiento total de las penas de las personas privadas de la libertad dentro de las cárceles, establecer como delito la tenencia o porte de armas y destinarlas junto a explosivos y otros artefactos utilizados en delitos a la Policía o Fuerzas Armadas.

Si bien esos temas serán debatidos y los asambleístas pueden ajustarlos, en su esencia no pueden ser rechazados porque son derivados de la consulta popular, es decir, ya los ecuatorianos le dieron el visto bueno en las urnas.

Todo el proceso, incluida la discusión en el plenario de las propuestas en dos debates, deberá concluir antes del 4 de julio venidero.

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