De acuerdo con el comunicado emitido por la Presidencia, el progenitor de la vicemandataria salió ileso del ataque y fue trasladado en un helicóptero de la Policía Nacional a la ciudad de Cali, capital de Valle del Cauca, también en el suroeste.

Los atentados contra la población civil son una flagrante violación de los derechos internacionales y los derechos humanos. Es inaceptable que los grupos armados que operan en la zona sigan usando la violencia desproporcionada y el terror como herramientas de guerra, acotó la comunicación difundida.

Añadió que las Fuerzas Militares seguirán en ofensiva contra todas las estructuras que persisten en la guerra y que siguen dificultando los caminos de paz en Colombia, al tiempo que sentenció que estos grupos les seguirá cayendo todo el peso de la ley.

Manifestamos nuestro apoyo a la familia del señor Sigifredo Márquez, y a la vicepresidenta Francia Márquez, y reafirmamos nuestro compromiso para brindarles garantía y seguridad contra cualquier amenaza, concluyó el texto.

Según informó la vicemandataria en sus redes sociales, además de su padre, su sobrino de seis años y dos hombres de protección resultaron víctimas del atentado en la vía Suárez-Cali, a la altura de Timba.

Manifiesto mi preocupación por la seguridad en el Cauca, Valle del Cauca, en el municipio de Suárez y el corregimiento de La Toma, así como por la seguridad de mi comunidad y mi familia, escribió la Vicepresidenta.

Solicitó además a la Fiscalía abrir las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y al Ministerio de Defensa tomar las medidas necesarias para fortalecer la presencia de las fuerzas militares y de policía, que contribuyan a garantizar la seguridad en la región.

En estos difíciles momentos hago un llamado a toda Colombia, a sumar los esfuerzos que sean necesarios para conducir nuestra sociedad a la paz. Si trabajamos en unidad podremos pasar esta página de dolor y violencia, remarcó.

El suroeste de la nación vive desde hace semanas una escalada de la violencia armada por parte del Estado Mayor Central (EMC), que aumentó en frecuencia e intensidad sus ataques contra objetivos militares y policiales, y la colocación de explosivos en zonas urbanas.

Pese a que una facción de esa insurgencia mantiene conversaciones con el Gobierno, el presidente Gustavo Petro ordenó el fin del cese al fuego en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, tras el ataque a una minga indígena por parte del EMC, disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.

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