La tarifa de 25 por ciento que comienza a aplicarse este miércoles es el resultado de una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), basada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, instrumento utilizado por Washington para cuestionar prácticas comerciales de otros países que considera perjudiciales para sus intereses.

El USTR sostiene que Brasil mantiene políticas que restringen el comercio estadounidense y señala como ejemplos el sistema de pagos instantáneos Pix, las condiciones de acceso al mercado del etanol, las acciones contra la deforestación ilegal y aspectos relacionados con la protección de la propiedad intelectual, con argumentos rechazados por el gigante sudamericano.

Mediante una carta dirigida al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, el canciller Mauro Vieira afirmó que la administración de Donald Trump no consiguió sustentar técnicamente sus señalamientos, calificó la investigación de «arbitraria» y sostuvo que forma parte de una política de «presión económica generalizada» ejercida por Washington.

Para el Gobierno brasileño y diversas voces dentro del país, la decisión estadounidense responde no solo a criterios comerciales, sino también a motivaciones políticas, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones generales en el gigante sudamericano, a celebrarse en octubre.

Además, especialistas en comercio internacional advierten que la utilización de mecanismos unilaterales erosiona las reglas impulsadas durante décadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El profesor de Derecho Internacional de la Universidad de São Paulo Paulo Borba Casella sostiene que Estados Unidos debilitó deliberadamente el sistema de solución de controversias de la OMC al bloquear durante años la designación de integrantes de su Órgano de Apelación, lo que dejó a la organización sin uno de sus principales instrumentos para resolver disputas comerciales.

A juicio del académico, citado por el portal Brasil de Fato, la política arancelaria de Trump constituye una forma de «chantaje tarifario» que privilegia la presión económica por encima de la negociación diplomática y vulnera el principio de nación más favorecida que rige el comercio internacional.

De la sobretasa que entra en vigor este miércoles, Washington decidió excluir más de dos mil productos brasileños considerados estratégicos para su propia economía, entre ellos alimentos, minerales, combustibles, medicamentos, aeronaves, componentes electrónicos y diversas materias primas.

Sin embargo, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) calcula que el gravamen afectará exportaciones brasileñas por alrededor de 11 mil millones de dólares, equivalentes al 26,2 por ciento de las ventas dirigidas al mercado norteño.

Más del 60 por ciento de esos embarques corresponde a bienes intermedios utilizados por fabricantes de Estados Unidos, lo que, según la entidad, también podría elevar costos para empresas norteamericanas.

Los sectores más expuestos son la industria maderera, minerales no metálicos, productos químicos, alimentos, vehículos, celulosa, papel y maquinaria.

Asociaciones empresariales brasileñas coincidieron en manifestar preocupación por la pérdida de competitividad, la reducción de inversiones y el posible impacto sobre el empleo.

El Ejecutivo brasileño, por su parte, intensificó las reuniones con representantes de los sectores afectados y prepara un paquete de apoyo que podría incluir líneas de crédito, flexibilización temporal de mecanismos tributarios para exportadores, incentivos para preservar el empleo y acciones orientadas a diversificar los mercados de destino.

El vicepresidente Geraldo Alckmin insistió ayer en que una eventual aplicación de la Ley de Reciprocidad Económica por parte de Brasil no debe interpretarse como una represalia.

«La idea no es la venganza. Se dice que ojo por ojo puede llevar a que ambos queden ciegos. La reciprocidad es: nos están haciendo daño y queremos corregirlo», manifestó en declaraciones a la prensa.

Reportes indican que, paralelamente, la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones acelera misiones comerciales hacia India, México, Japón, Singapur y otros mercados asiáticos, mientras el Ejecutivo apuesta por avanzar en acuerdos del Mercosur con bloques y países para reducir la dependencia del mercado estadounidense.

No obstante, el conflicto comercial aún podría profundizarse, pues el representante comercial estadounidense adelantó que Washington podría divulgar en breve un nuevo paquete de tarifas para cerca de 60 naciones por presunto uso de trabajo forzado.

Brasil figura entre los países analizados y enfrentaría un gravamen adicional de hasta 12,5 por ciento sobre determinados productos.

De concretarse esa medida, algunos bienes brasileños quedarían sujetos a una carga arancelaria acumulada superior al 37 por ciento, lo que aumentaría todavía más la presión sobre sectores industriales altamente dependientes del mercado norteamericano.

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