Colectivos sociales y sus familiares protagonizarán este lunes plantones y actos conmemorativos en varias ciudades de Ecuador, donde denunciarán la actuación de los militares en el contexto de la crisis de seguridad.
También para este lunes está previsto que se reinstale el juicio para hallar a los culpables de la desaparición y posterior asesinato de los chicos, proceso donde están involucrados 17 uniformados.
El 8 de diciembre de 2024, los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11 años, desaparecieron tras ser detenidos por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la avenida 25 de Julio, en el sur de la ciudad de Guayaquil.
Desde ese día nadie más volvió a ver a los chicos hasta que se encontraron los cuerpos calcinados en Taura, cantón Naranjal de la provincia de Guayas, zona donde, al parecer, fueron abandonados por los militares.
Sus cuerpos fueron hallados sin vida el 24 de diciembre de 2024 y su identidad se confirmó el último día de ese año.
La captura de los cuatro adolescentes ocurrió en medio del conflicto armado interno declarado en enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa, que indicó a los militares sumarse a operativos para combatir al crimen organizado.
El proceso judicial inició el 5 de noviembre pasado y se encuentra en la fase de alegatos finales, mientras la Fiscalía presentó decenas de pruebas testimoniales, periciales y documentales.
Los militares, por su parte, ofrecieron versiones contradictorias, unos negaron que los menores hayan sido agredidos y otros detallaron cómo sí fueron víctimas de actos de violencia, tortura y amenazas.
Según el relato de un perito policial, los chicos estuvieron acostados boca abajo y contra el suelo, recibieron golpes y fueron obligados a desnudarse.
Uno de los militares disparó cerca del más pequeño y fueron intimidados por otro uniformados que les dijo que llegaron “al lugar donde van a morir”, de acuerdo con el relato citado en medios locales.
Organismos internacionales han expresado preocupación por el caso, que inicialmente fue calificado como desaparición forzada, pero luego esa denominación fue revocada.
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas amplió medidas cautelares a favor de las familias de los cuatro menores y señaló que, pese a que hay un juicio en curso, no se evidencian avances en el esclarecimiento del caso, la autopsia no aclaró la causa de las muertes y no se han realizado peritajes adicionales.
ro/avr
