Tras su rápida aprobación la semana pasada por la Cámara de Diputados, el texto fue colocado en agenda por el presidente de la asamblea senatorial, Davi Alcolumbre.

Sin embargo, los partidarios del gobierno argumentan que la propuesta, que altera la situación de los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, también beneficia a delincuentes involucrados en facciones criminales.

Actualmente, la progresión del régimen penitenciario para delitos no violentos oscila entre un 16 y 20 por ciento del correctivo.

En los casos de violencia o amenazas graves, es necesario cumplir entre un 25 y 30 por ciento de la sanción.

Tal proyecto de ley aprobado por la Cámara baja estandariza la regla de un sexto: un 16 por ciento, con la excepción de los condenados por crímenes atroces.

Antes del sufragio, los parlamentarios advirtieron que presentarán propuestas paralelas para corregir lo que denominan distorsiones legales aplicadas por los legisladores.

Si el proyecto de ley se modifica, volverá a la Cámara baja, que tendrá la última palabra.

De aprobarse una nueva propuesta en el Senado, el proceso se invierte: el contenido pasa a los diputados y la decisión final recae en los senadores.

Ni las insistentes solicitudes de la base del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para posponer el debate lograron frenar la propuesta en la agenda.

El líder del gobernante Partido de los Trabajadores Lindbergh Farias criticó duramente al titular de la Cámara baja, Hugo Motta, por la decisión de acelerar la votación y este respondió acusando a la organización política de «incoherencia histórica».

Del lado bolsonarista (adeptos de Bolsonaro), el dirigente del Partido Liberal (PL) Sóstenes Cavalcante fue claro: el texto no representa la amnistía deseada por la oposición, pero constituye «el paso posible».

El relator Paulinho da Força defendió la iniciativa como un «gesto de reconciliación» y un «camino de equilibrio» entre mantener las condenas y otorgar un indulto total.

Agradeció al exjefe de Estado Michel Temer y al político Aécio Neves, y aseguró que el país no puede «vivir eternamente aprisionado por su pasado reciente».

Su informe propone reducir el cálculo de las penas, eliminar la acumulación entre los delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, y flexibilizar la progresión de régimen.

La versión presentada descarta por completo la propuesta inicial de Marcelo Crivella, que pedía una amnistía amplia para Bolsonaro, recluido en la sede capitalina de la Policía Federal.

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