Este lunes, entra en la recta final el juicio por la desaparición y muerte de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11 años.

Hace exactamente hoy 12 meses, los cuatro chicos desaparecieron tras ser detenidos por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la avenida 25 de Julio, en el sur de la ciudad de Guayaquil.

En la audiencia, el fiscal argumentó que, con base en las pruebas presentadas, existen agravantes que elevan la responsabilidad penal contra los militares, a quienes también pidió imponer multas de 800 salarios básicos, una reparación simbólica de 10 mil dólares y medidas de no repetición.

Medios locales reportaron que uno de los momentos más tensos de la diligencia, que transcurre en la ciudad de Guayaquil, ocurrió cuando el fiscal desmintió la versión de los militares, quienes aseguraron que dejaron a los adolescentes “sanos y salvos” en la localidad de Taura.

Relatos expuestos durante el juicio evidencian que los chicos fueron víctimas de actos de violencia, tortura, amenazas y fueron obligados a desnudarse.

El representante del ministerio público concluyó que la desaparición forzada en este caso es un delito pluriofensivo, que vulneró la libertad, la integridad física y psicológica, la seguridad jurídica, el debido proceso y la tutela judicial de los menores.

La audiencia continuará con la réplica de las defensas y la individualización de la pena para cada uno de los efectivos.

La tragedia de los cuatro chicos de Las Malvinas conmueve al país un año después y este lunes habrá plantones y homenajes en diferentes ciudades.

La detención de los cuatro adolescentes ocurrió en medio del conflicto armado interno declarado en enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa, que indicó a los militares sumarse a operativos para combatir al crimen organizado.

Para la legisladora Viviana Veloz, titular de la Comisión de Niñez, este es un día de luto nacional por un crimen que marcó al país y que ningún silencio estatal podrá enterrar.

La parlamentaria, del movimiento Revolución Ciudadana, recordó que en la legislatura anterior, cuando se recomendó establecer responsabilidades políticas al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, la bancada oficialista votó por protegerlo, igual que a los militares implicados.

“Mientras algunos intentaron construir otra narrativa, la realidad es una sola: cuatro niños fueron secuestrados, torturados y llevados a la muerte en manos del Estado. Sus familias siguen esperando lo mínimo en una democracia: justicia, verdad y sanciones judiciales y políticas para todos los responsables”, afirmó Veloz.

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