En un comunicado de la Cancillería, se expresó el rechazo a las medidas coercitivas a la jueza presidenta de la CPI y a un Abogado Principal de la Fiscalía.

“Estas sanciones constituyen un ataque flagrante contra la independencia, integridad e imparcialidad de la Corte Penal Internacional, cuyo mandato viene derivado del otorgado por los Estados miembros del Estatuto de Roma”, señaló.

Además, apuntó la nota que la Corte desempeña una función indispensable para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad y para contribuir a la protección y reparación de las víctimas.

“Es la piedra angular del sistema de justicia penal internacional”, enfatizó.

Al mismo tiempo, recalcó que España reitera su respaldo firme e inequívoco a la CPI y traslada su plena solidaridad a los jueces, fiscales y al conjunto del personal de la Corte afectados por las sanciones.

“España continuará cumpliendo de manera íntegra sus compromisos derivados del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional, respetando y garantizando el ejercicio pleno de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”, concluyó.

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