Las actividades, convocadas por el Comité de Familiares por la Verdad y Justicia, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y organizaciones de derechos humanos, tendrán lugar este lunes y se extenderán hasta mañana, 1 de septiembre.
Los familiares proceden principalmente de las provincias costeras de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas y buscan exigir al Estado el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a 26 personas desaparecidas y seis mujeres que participan en su búsqueda.
Bajo el lema “Contra el olvido: Mientras nosotras buscamos, el Estado oculta”, el primer plantón tendrá lugar este lunes frente al Ministerio de Defensa.
El martes, los familiares y organizaciones convocantes ofrecerán una rueda de prensa y realizarán otra manifestación, esta vez frente al Palacio de Carondelet, sede del Gobierno ecuatoriano, en el Centro Histórico de Quito.
La jornada concluirá con un acto público en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, concebido como un espacio de memoria y sensibilización sobre las desapariciones denunciadas en el país.
Los actos para exigir respuestas se realizarán en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que Naciones Unidas conmemora cada 30 de agosto para reivindicar los derechos de las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación.
Entre enero de 2024 y agosto de 2026, en el contexto del conflicto armado interno decretado por el Gobierno, el CDH ha contabilizado al menos 53 desapariciones forzadas, en su mayoría hombres jóvenes de sectores populares, aunque también incluyen adolescentes.
El caso de los cuatro niños del barrio guayaquileño de Las Malvinas constituye hasta ahora el principal precedente judicial relacionado con estas denuncias.
Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina desaparecieron el 8 de diciembre de 2024 después de ser interceptados por militares en Guayaquil y sus cuerpos fueron encontrados el 24 de diciembre de ese año.
En diciembre de 2025, un tribunal condenó a 16 militares por la desaparición forzada de los chicos Y la Corte Constitucional determinó posteriormente que los cuatro menores fueron víctimas de ese delito.
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