En la reunión ordinaria de este jueves, el órgano parlamentario concluyó los debates de 15 artículos pendientes de aprobación, de los 130 con que cuenta este instrumento legal propuesto por la presidenta encargada Delcy Rodríguez desde finales de enero.
“Se declara la aprobación por unanimidad en segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Minas”, expresó el titular del parlamento Jorge Rodríguez, quien declaró sancionada la normativa bajo los aplausos de los diputados, algunos de pie.
Remitió la iniciativa, asimismo, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de su constitucionalidad en su carácter orgánico.
El presidente del Poder Legislativo agradeció, en modo particular, a la comisión especial que se encargó de la redacción de la ley, así como felicitó al Ministerio del sector por las “consultas profundas” que se hicieron por todo el territorio nacional.
Extendió las congratulaciones a los venezolanos que ven en este instrumento un vehículo para la prosperidad en el futuro y a todos los trabajadores de las minas en el país, que tienen ahora un instrumento que los proteja.
También transmitió parabienes a los diputados de ambas bancadas por su “paciencia, tenacidad, confianza y percepción real del momento histórico que estamos viviendo”.
Esta normativa jurídica fue diseñada para modernizar, regular y potenciar la actividad minera en el país y el desarrollo económico, escribió la Asamblea Nacional en su cuenta de Telegram.
En la misma red social, Rodríguez subrayó que este texto legal “será un vehículo para la construcción de la prosperidad del futuro”.
Entre sus principios establece que el derecho de propiedad de los yacimientos recae solo en la República y considera los depósitos “bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles”, según el artículo tres.
Estipula, además, que la gestión y rectoría de los recursos minerales competen solo al Gobierno nacional a través de la cartera correspondiente, mientras el cinco determina los sujetos autorizados a la explotación de los minerales.
Por otra parte, propone, además, la creación del Fondo Nacional Minero con el propósito de obtener los recursos destinados a proyectos sociales y económicos para el desarrollo de las áreas de actividad minera.
Sobre los minerales radioactivos, por razones de interés público, reserva solo al Estado la potestad de la actividad primaria, su aprovechamiento, beneficio y comercialización.
jha/jcd
