En un comunicado, la organización afirmó que este lunes y martes más de mil militares y cerca de un centenar de vehículos blindados ingresaron al territorio del pueblo Kichwa Karanki, en la localidad de La Esperanza, de la sierra norte ecuatoriana, bajo el pretexto de llevar asistencia humanitaria.

Según la Conaie, las Fuerzas Armadas lanzaron gases lacrimógenos desde tierra y aire, afectando a mujeres, niños, ancianos y viviendas, mientras que en el sector de Punkuwayku al menos 21 personas resultaron heridas y cuatro fueron detenidas, entre ellas el dirigente Lenin Farinango, presidente del pueblo Karanki.

“La ofensiva militar disfrazada de humanitaria fue una operación de guerra planificada desde el poder”, señaló la organización, que responsabilizó al Ejecutivo por “profundizar la confrontación con los pueblos” y optar por la represión en lugar del diálogo.

El pronunciamiento también rechazó las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien justificó la intervención bajo el argumento de “restaurar el orden”, y acusó al Gobierno de promover un discurso que criminaliza la protesta social y encubre la violencia estatal.

La Conaie exigió el cese inmediato de los operativos en territorios indígenas, la liberación de los detenidos y una investigación independiente sobre los hechos.

Asimismo, pidió a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos verificar en terreno las denuncias de abusos y garantizar la protección de las comunidades afectadas.

A esta hora, medios locales reportan que persiste la represión a manifestantes en el cantón Otavalo, de la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas y a donde llegó el convoy con más de mil militares.

“El paro no es nacional, es provincial”, puntualizó la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, en una entrevista con el canal local Ecuavisa, donde reiteró la negativa a dialogar sobre el fin del subsidio al diésel, medida que detonó las movilizaciones hace 23 días.

De acuerdo con la funcionaria, “el paro debe acabarse hoy” y reconoció que policías y militares actúan “con firmeza” contra manifestantes y también contra las fuentes de financiamiento para las movilizaciones.

Los indígenas y otros grupos sociales demandan, además de la derogatoria del decreto que eliminó la subvención al diésel, atención a sectores como salud y educación, así como la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que fue elevado del 12 al 15 por ciento.

Mientras el Ejecutivo permanece intransigente en su decisión de acabar con el subsidio, la ola de protestas registra, hasta la fecha, más de 120 detenidos y, como consecuencia de las acciones de la fuerza pública, hay un muerto, el comunero kichwa Efrain Fuerez.

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