El fallo, que constituye un revés para administración del presidente Donald Trump, restablecería los pagos destinados a organizaciones sin fines de lucro para cubrir servicios legales proporcionados a niños inmigrantes no acompañados desde diciembre de 2025.
La sentencia, emitida la víspera por la Corte Federal del Distrito Norte de California en el caso Community Legal Services in East Palo Alto contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos, obliga al gobierno a descongelar esos fondos antes del mediodía de este viernes después de casi nueve meses durante los cuales el Gobierno no cumplió con una anterior orden judicial.
El contrato federal que sostenía una red nacional de casi 100 proveedores especializados venció el 31 de julio sin ser renovado y ahora el veredicto establece que la administración federal deberá pagar a las organizaciones que forman parte de ese grupo.
La corte reconoció esa incertidumbre y ordenó a la Administración presentar, a más tardar el 13 de agosto, un informe sobre las medidas que implementará para garantizar que continúe el financiamiento de esos servicios.
Agrupaciones de derechos humanos han advertido que la falta de apoyo legal y social dejará en situación de vulnerabilidad y explotación a los menores, mientras la Administración Trump sigue intensificando sus esfuerzos para las deportaciones.
Anualmente miles de menores de edad llegan a Estados Unidos sin compañía. Datos de la Administración de Asuntos de Niños y Familias señalan que en 2020 se entregaron 16 mil 834 a tutores, cifra que aumentó a 107 mil 646 en 2021.
Más de 23 mil menores no acompañados ingresaron a territorio estadounidense hasta febrero del año pasado, según la fuente.
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