En un punto de prensa al pie del monumento a Salvador Allende, en la Plaza de la Constitución, dirigentes de varias agrupaciones advirtieron que un gobierno que no coloca las prerrogativas ciudadanas en el centro de su gestión abre el camino para volver a los tiempos de la persecución y la violencia estatal.

Una declaración leída por los participantes recuerda a la administración que asumirá sus tareas en marzo la obligación del Estado de cumplir con los compromisos internacionales.

Entre ellos se encuentran la persecución de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el período dictatorial y no permitir la prescripción ni la amnistía de dichos crímenes.

Durante su campaña electoral, Kast anunció la posibilidad de liberar a reos mayores de 70 años con enfermedad terminal, incluidos los de Punta Peuco, responsables de asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Las organizaciones humanitarias ratificaron la decisión de no cejar en su derecho a manifestarse y exigir al próximo gobierno el respeto y reconocimiento pleno de sus demandas por verdad, justicia, memoria, reparación plena y garantías de no repetición.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), denunció que liberar a presos de Punta Peuco representa una afrenta directa a las víctimas y sus familias y recordó cuánta lucha y compromiso tuvieron las organizaciones para lograr que estos criminales fueran juzgados.

“Hoy día le decimos al presidente electo que estamos en alerta y vamos a seguir defendiendo nuestros derechos”, declaró.

Gabi Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), advirtió que, al igual que hace 52 años atrás, seguirán buscando a sus familiares porque los chilenos necesitan saber qué pasó con cada uno de ellos.

Participantes en la manifestación denunciaron también la situación enfrentada por varios sitios de memoria que en los últimos tiempos sufrieron actos de vandalismo.

La declaración leída frente a la estatua de Allende fue firmada por la AFDD, la AFEP, las agrupaciones de detenidos desaparecidos de Paine y de Mulchén, la Red Nacional de Sitios de Memoria y el Espacio de Memoria Londres 38.

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