Recuerda la misiva que en septiembre se cumplen 53 años del golpe civil-militar en el que las fuerzas armadas, con la participación activa del gobierno de Estados Unidos y el empresariado, pusieron fin al sistema democrático y se abrió la puerta a 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet.

Miles de personas sufrieron ejecución extrajudicial, desaparición forzada, prisión política, tortura a manos de agentes del Estado, y trauma social cuyos efectos se experimentan hasta hoy, recuerda el texto.

Por esa razón la romería del próximo 6 de septiembre hacia el Cementerio General para recordar a las víctimas del régimen de Pinochet tendrá como lema: “No a los indultos”.

En estos momentos está en trámite en el Congreso Nacional un proyecto promovido por la derecha para liberar o reducir las penas a condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990) y otros delitos graves.

La norma legislativa fue aprobada en el Senado y, de avanzar, favorecería a más de 700 presos, entre ellos 370 sancionados por crímenes de lesa humanidad y 365 por delitos comunes, como abusos sexuales, violación y homicidios.

Por otra parte, parlamentarios oficialistas intentan que el Gobierno indulte a carabineros y militares presos por la represión durante el estallido social de 2019.

La senadora Fabiola Campillai, quien participó en la entrega de la carta, denunció que el excapitán de carabineros Patricio Maturana, condenado por dispararle una bomba lacrimógena en el rostro que la dejó ciega, hoy cuenta con beneficios de salidas diarias.

Entonces, “¿qué señal entrega el Estado a las víctimas cuando quien fue condenado por destruir sus vidas comienza a recuperar progresivamente su libertad, mientras las víctimas deben vivir para siempre con las consecuencias de estos crímenes?”, se preguntó la parlamentaria.

Alicia Lira, recién galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos, denunció por su parte el retraso con que el nuevo gobierno asume el Plan Nacional de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos, aprobado durante la pasada administración.

La exigencia de las organizaciones sociales es que este programa se convierta en ley para que el Estado se responsabilice con la tarea de hallar a las víctimas.

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